Recomendaciones del Tercer Informe Independiente sobre el Desminado en Nicaragua

(Thursday 20 September 2001 )

El 19 de Septiembre el Centro de Estudios Internacionales presentará el Tercer Informe Independiente sobre el Desminado en Nicaragua. El informe reporta y valora el curso del cumplimiento por parte de Nicaragua de la Convención de Ottawa.

A continuación resumimos las principales recomendaciones del Informe dirigidas tanto al gobierno actual como al gobierno que resulte electo en las elecciones nacionales.

Fortalecer la Comisión Nacional de Desminado

• Asegurar la vigencia y el dinamismo mostrado en los últimos meses por la Comisión Nacional de Desminado (CND) como espacio de diálogo y conformación de políticas con la participación de diversas instancias del gobierno y la sociedad civil, fortaleciendo su capacidad de recibir asesoramiento internacional.
• A fin de remarcar el carácter civil y humanitario del empeño del desminado, el nuevo gobierno debe valorar la conveniencia de traspasar la presidencia de la CND al Ministerio de Educación al Ministerio de Salud, cuando no al mismo Poder Ejecutivo.
• Mantener activo el funcionamiento de las tres subcomisiones de la CND a fin de fortalecer aspectos cruciales como son la asistencia a las víctimas de minas, la inserción laboral, la educación y la prevención, junto al mismo fortalecimiento institucional de la CND. Debe mantenerse la dinámica positiva de definir proyectos interinstitucionales concretos que permitan el mejoramiento significativo a corto plazo del apoyo a las víctimas de minas en Nicaragua y a las personas con discapacidad en general.
• Materializar la voluntad expresada por la CND de fortalecer sus actividades en el terreno involucrando a los diversos actores en el ámbito local. El papel de coordinación de la CND puede mantenerse pero su indispensable fortalecimiento institucional también debe tener una manifestación territorial y descentralizada. Todo ello sin menoscabo de la misión central trabajar con los diferentes Ministerios e instituciones del Estado para el desarrollo de una estrategia de acción anti-minas más coherente y con mayor enfoque profesional.

Destruir la Totalidad de Minas Antipersonal Almacenadas en el curso de un año

• Los candidatos a la Presidencia deben asumir desde ya el compromiso de asegurar la destrucción de la totalidad de las minas en arsenal antes de Septiembre del 2002.

Facilitación de la Participación de Víctimas en la Formulación de Políticas

• Reconocer el problema de la poca participación de las personas con discapacidad en la definición de políticas de asistencia a víctimas y inserción laboral, y en la misma CND. Ello debe conllevar esfuerzos para fortalecer la capacidad de participación particularmente en lo que se refiere la definición de proyectos.

• Hacen falta también mayor participación (y espacios para la participación de las comunidades afectadas) incluyendo sus autoridades municipales, en la definición y monitoreo del plan operativo de desminado. Ello con un enfoque preventivo y humanitario en la que se logren mayores capacidades de respuestas ágiles y sistemáticas de parte del Ejército a situaciones de emergencia reportadas en el campo. Debe haber mayor coordinación entre loa actores asegurando la incorporación de criterios sociales, económicos y ecológicos en la definición de las zonas prioritarias para planificar las tareas tanto de desminado como de prevención.

• Prestar apoyo a la Coalición Nicaragüense por el Desminado Humanitario como instancia de las diversas organizaciones sociales y ONGs para la mejor articulación de contribuciones de la sociedad civil para la formulación de políticas, el acompañamiento y la ejecución de las acciones.

Mejorar la Coherencia en la Educación para la Prevención de Accidentes

• Deben armonizarse los métodos de trabajo y de los mensajes utilizados para la prevención de accidentes acordando criterios homogéneos para el proceso de educación preventiva sobre el peligro de las minas. Esto significa mayor coordinación entre esfuerzos educativos, la comunidad y las operaciones del desminado. Es imperativo clarificar los mensajes a la población particularmente aquellos que pueden ser contradictorios entre sí, por ejemplo, el procedimiento en caso de encartar una mina.

• Los mensajes deben ser adaptados a la realidad local sin mayores inconsistencias en la transmisión de los mensajes. Debe asegurarse el retiro efectivo y la destrucción del folleto Supermán y la Mujer Maravilla, hoy desautorizado por la UNICEF y el MED, pero que continúa circulando en algunas zonas del país.

• Terminar con el fenómeno desminado artesanal practicado por personas impulsadas por la necesidad económica aplicando las penalizaciones contempladas en la ley y abarcando a quien contrata este tipo de actividad peligrosa.

Mayor apoyo para las Víctimas y terminar con prácticas discriminatorias en materia de Rehabilitación

• Se requiere avanzar más en la formulación de políticas integrales de mediano y largo plazo en materia de asistencia a víctimas. La elaboración de carteras de proyectos no sustituye la necesidad de lograr definiciones más claras de las políticas y los programas.

• Asegurar el pleno enmarcamiento de la asistencia a víctimas de minas en la Ley 202 de asistencia pública para las personas con discapacidad en general. Terminar con prácticas reportadas en la que se practica discriminación, como en la obtención de aparatos ortopédicos, entre víctimas de minas y otras personas con discapacidad. La atención a víctimas de minas contempladas en la Convención de Ottawa debe desarrollarse para atender la discapacidad a largo plazo.

• Fortalecer los servicios que proveen aparatos ortopédicos, garantizando calidad, accesibilidad de los pacientes y viabilidad a largo plazo en vez de poner a disposición hoy un presupuesto para pagar aparatos ortopédicos a víctimas de minas con recursos puntuales sin mayores posibilidades de asegurar la continuidad en la atención exigida por las víctimas. Debe asegurarse una sola política de asistencia ya sea de gratuidad o bien de exoneración parcial.

• Asegurar mayor coherencia en materia de políticas de apoyo a la reinserción socio-laboral reconociendo que no basta con asegurar proyectos puntuales sino también asegurar la implementación de la Ley 202. El gobierno debe comenzar aplicando la ley en el mismo
  Estado particularmente en lo que concierne la obligación de cualquier institución privada o pública de contar con el 2% de personas con discapacidad en su planilla y también con relación a la ruptura de las barreras arquitectónicas.

Managua, 18 de septiembre, 2001

Oliver Bodán 088 45328
Alejandro Bendaña 278 5413

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