TRATADO
PARA LA PROHIBICIÓN DE MINASTRATADO
PARA LA PROHIBICIÓN DE MINASEl ex vice-ministro de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, Camilo Reyes, firmó el Tratado de Ottawa el 4 de Diciembre de 1997. De manera sorpresiva, el pasado 14 de Enero de 2000, en ceremonia celebrada en el marco de la visita del Canciller Canadiense Lloyd Axworthy, el Presidente Andrés Pastrana firmó la ley 554/2000 que aprueba la ratificación de la “Convención sobre la Prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción”[1]. A pesar de que aun falta el concepto de la corte Constitucional Colombiana para proceder a la ratificación, se espera que el compromiso adquirido por el Presidente de la República ante la comunidad internacional agilice los trámites pertinentes para que Colombia deposite prontamente el instrumento correspondiente ante las Naciones Unidas[2].
Según la Unidad de Desarme de la Oficina de Asuntos Especiales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, los datos necesarios para completar el Reporte para las Naciones Unidas ya han sido solicitados a las instancias competentes de carácter civil y militar, y se espera que “la inminente ratificación del Tratado de Ottawa, obligue a entregar esta información prontamente, para poder elaborar el documento y remitirlo a las Naciones Unidas”[3]
Colombia votó a favor de la resolución que promueve el Tratado para la Prohibición de las Minas Antipersonales en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1999[4]. Hasta el momento, y a pesar de conocerse una posición favorable por parte del gobierno en lo relacionado al Tratado de Ottawa y a todo lo referente a la prohibición y erradicación de minas antipersonales, no se ha diseñado ninguna política que marque las prioridades de Colombia a este respecto. Sin embargo, la oficina del Plan Colombia de la Presidencia de la República trabaja, junto con el Departamento Nacional de Planeación, en la documentación necesaria para la realización del documento COMPES que viabiliza dicha política así como un presupuesto[5].
Colombia participó en la Primera Reunión de Estados Parte del Tratado de Ottawa, realizada en Maputo, Mozambique, como país observador. Colombia expresó su confianza en la próxima culminación del proceso legislativo tendiente a lograr la ratificación del Tratado para la Prohibición de las Minas. Así mismo, la delegación colombiana estableció que el gobierno es consciente de que el uso de minas antipersonal en el conflicto armado es un crimen en contra de la dignidad humana y consecuentemente se dispone a reemplazar las minas antipersonal, que para efectos de seguridad se encuentran localizadas cerca de puntos vitales, con sensores y cercas electrificadas[6].
El gobierno Colombiano ha respondido de manera favorable al primer informe Landmine Monitor 1999. El documento ha servido como base para la ilustración del problema colombiano en varias instancias públicas, tales como el Departamento Nacional de Planeación, la Presidencia de la República[7], el Ministerio de Comunicaciones[8] y la Oficina de Desarme de la Cancillería de Colombia[9]. De otro lado, las Embajadas de Colombia en El Cairo y Nueva York han acusado recibo del documento y aplaudido su aparición[10] .
El gobierno ha instado a todos los grupos armados involucrados en el conflicto colombiano, especialmente a los grupos guerrilleros, a parar el uso, fabricación y almacenamiento de minas antipersonales[11]. De otra parte, la fuerza del tratado de Ottawa ha obligado a Colombia a reflexionar en la cada vez más compleja situación que afronta el país con respecto a las minas antipersonales, y a presentar su posición en diversos escenarios. La reciente firma de la Ley que Aprueba la Convención de Ottawa, se presenta como un esfuerzo más del actual gobierno para mejorar las relaciones internacionales del país. Las características que enmarcan la firma de la Ley 554 del 14 de enero de 2000, demuestran que, junto con la evidente necesidad de crear mecanismos para lograr la universalización del Tratado de Ottawa ; ésta se concibe como una herramienta para el acercamiento de Colombia con países que pueden ser aliados en otros frentes, como por ejemplo, la lucha antidrogas. Lo anterior puede sustentarse en la coincidencia de la firma de la Ley 554 y el convenio para la lucha antidrogas firmado por Colombia y Canadá en la reciente visita del Canciller Axworthy a Bogotá[12]. En el ámbito nacional, la ratificación del Tratado para la Prohibición de Minas es un paso para el acercamiento a puntos de congruencia en el actual proceso de paz, dado que es uno de los únicos asuntos de coincidencia de al menos tres de los actores del conflicto armado[13].
La Campaña Colombiana Contra Minas ha liderado los procesos de difusión del Tratado de Ottawa. Sus esfuerzos se han concentrado en ejercer presión sobre el gobierno nacional, representado en miembros del Congreso de la República y funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores y de la Defensa Nacional. De igual forma, se ha llamado la atención de los diferentes actores del conflicto, con miras a lograr posiciones favorables al Tratado. La gestión de la CCCM ha posicionado el tema de las minas antipersonales como uno de los ejes de desarrollo del actual proceso de paz. A través de diferentes cartas, foros y documentos, la CCCM ha expuesto ante la opinión pública el contenido del Tratado de Ottawa, y ha instado a diferentes organizaciones a vincularse a la causa de la universalización, verificación y monitoreo del mismo. Por otra parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia ha ejercido presión sobre diferentes miembros del Gobierno Nacional en capacidad de participar de la toma de decisiones favorables a la ratificación del Tratado[14]. UNICEF Colombia ha jugado igualmente un papel importante en la lucha por la ratificación del Tratado para la Prohibición de Minas a través de diferentes programas de difusión sobre el problema de las minas terrestres, programas de prevención y lobby a las autoridades pertinentes[15].
Otros Tratados sobre Minas
Colombia no ha firmado ni ratificado la Convención de Armas Convencionales. Sin embargo, la misma ha sido aprobada por el Congreso de la República mediante la ley 469 del 5 de agosto de 1998 y revisada el 12 de agosto del mismo año por la Corte Constitucional colombiana. Se espera un concepto técnico del Ministerio de la Defensa Nacional para la adhesión a la Convención junto con sus cuatro Protocolos, incluido el Protocolo 2 revisado de 1996 sobre minas[16].
Colombia mantiene una posición favorable hacia la negociación de la prohibición de transferencia de minas en la Conferencia de Desarme[17].
PRODUCCION
Aunque el año pasado la Industria Militar Colombiana - INDUMIL informó a Landmine Monitor Colombia que dicha industria había parado en 1996 la fabricación de minas antipersonales[18], se ha logrado establecer que “La Industria militar, única entidad autorizada para la fabricación y distribución de armas, municiones y explosivos, en la República de Colombia, suspendió la fabricación de todo tipo de minas antipersonales explosivas desde el mes de septiembre del año de 1998” [19]. No obstante, según declaraciones de funcionarios de la Industria Militar - INDUMIL, estas dejaron de ser fabricadas inmediatamente después de que el gobierno firmara el Tratado de Ottawa[20].
INDUMIL produjo un tipo de mina antipersonal en dos versiones : la MN-MAP-1, mina explosiva con cuerpo de plástico hermético, carga de pentolita de 60 gramos, detonador MI-M8 con explosivo rojo, martillo de percusión de cobre y peso total de 200 gramos; y la MN-MAP-2, un simulador de mina antipersonal para prácticas militares, con cuerpo plástico perforado, carga inerte, detonador MI-M9 con simulador de bronce y capuchón de percusión, martillo de percusión de hierro y peso total de 140 gramos. Ambas son idénticas en su función (35 Kg. Presión) y tienen un asegurador de cobre rojo de 1 mm, diámetro de 75 mm, y altura de 70 mm, y un sistema de seguridad de tenedor y plato[21]. No existe información sobre las cantidades producidas o los costos de producción de estas minas antipersonales.
Los principales grupos guerrilleros de Colombia han aceptado públicamente ser no sólo usuarios sino también fabricantes de las llamadas Minas Quiebrapatas[22]. Las fuerzas Militares Colombianas han identificado y denunciado la producción de minas antipersonales por todos los grupos guerrilleros colombianos en varios documentos[23]. Estas armas son de fabricación casera, y se producen con materiales de bajo costo y fácil adquisición, y se encuentran en distintos modelos. Es virtualmente imposible controlar la fabricación de las minas y la adquisición de material puesto que algunos de ellos, como el explosivo, se pueden conseguir fácilmente en el mercado ecuatoriano donde el comercio de este tipo de material no tiene ningún control.[24] Se presume que la fabricación de algunas de estas minas es semi-industrial. Entre 1993 y 1995, las Fuerzas Militares de Colombia encontraron y destruyeron aproximadamente 17.000 minas antipersonales fabricadas por el ELN (Ejército de Liberación Nacional) en uno de sus “Talleres de Armamento Popular”[25].
La mina “quiebrapata” común es fabricada principalmente por el ELN usando materiales que incluyen el PVC, cables de instalación eléctrica, bolsas plásticas, pilas AA, ácido sulfúrico, metralla, explosivo, pólvora y últimamente pegantes de base plástica, gasolina y brea. Las minas “Kleymor” son versiones caseras de la mina antipersonal norteamericana de fragmentación Claymore. Este tipo de minas son también llamadas “cazabobos”. Las minas M-Klim, fabricadas principalmente por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC, se producen con materiales tales como latas de aluminio, explosivos, estopines, dinamita y pilas. Otras minas antipersonales usadas por los grupos no estatales en Colombia son las minas de propulsión y las “Bombas Elenas”[26] . Cabe anotar que se ha agudizado durante los últimos dos años el uso de Artefactos Explosivos Improvisados – AEI por parte de los grupos guerrilleros. Estos artefactos son fabricados con cilindros de gas, balas de oxígeno y cilindros refrigerantes que, por ser más pequeños, permiten una mayor precisión[27].
Las minas, así como otros artefactos explosivos improvisados, son usadas por no combatientes. En distintas partes del país, como el Chocó, los granjeros y campesinos fabrican sus propias minas antipersonales por diferentes motivos, incluyendo la protección de sus cosechas bien de los animales o de los ladrones. Estas minas, denominadas “matamarranos”, son muy económicas y fáciles de hacer. Pueden ser fabricadas con jeringas llenas de explosivo o cañas huecas llenas de explosivo y selladas con excremento animal[28]. Las minas antipersonales también son usadas por los cultivadores de coca, marihuana y amapola para proteger los cultivos ilícitos de estas plantas. Los procesadores de alcaloides derivados también usan minas antipersonales para mantener fuera de los laboratorios y almacenes a miembros de la fuerza pública y otros enemigos[29].
TRANSFERENCIA
Se considera que Colombia no ha exportado minas antipersonales, aunque tampoco ha adoptado moratorias formales sobre exportación[30].
De acuerdo con documentos del gobierno de los Estados Unidos, Colombia importó 12,132 minas antipersonales desde ese país. La anterior cifra incluye 6,030 minas de fragmentación M14, importadas en 1974, y 6,102 Minas Claymore M18A1, importadas entre 1989 y 1991[31].
ALMACENAMIENTO
Y DESTRUCCION
No existen evidencias de que Colombia haya destruido sus arsenales de minas antipersonales. De hecho, hasta marzo de 1999 no había claridad sobre la existencia de arsenales en poder de las Fuerzas Militares Colombianas. Sin embargo, se ha logrado conocer de por lo menos 18,000 minas almacenadas por parte del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea[32].
El 2 de julio de 1999, INDUMIL efectuó la destrucción de 2,542 minas antipersonales que se conservaban en almacenamiento. Dicha destrucción se efectuó en la Fabrica José María Córdoba por expertos de la Industria Militar[33]. Cabe anotar que en 1999, el ingeniero Hector Rodriguez, gerente de producción de INDUMIL, afirmó que, luego de la última distribución de minas antipersonales producidas por esa institución, quedaba un remanente de 2,220 minas que fueron destruidas por ellos mismos[34]. La misma empresa efectuó la baja y destrucción de materiales para la producción de minas el 18 de noviembre de 1999[35]. Hasta el momento, no se conocen calendarios para la destrucción de los arsenales existentes.
Se presume que no existen arsenales de minas antipersonales pertenecientes a países extranjeros en Colombia. Se supone que la ratificación del Tratado de Ottawa hará claridad sobre la posición del país acerca del almacenamiento de este tipo de armas en territorio Colombiano[36].
USO
Según informes de la agencia de noticias del Ejército Nacional de Colombia, en 1999 fueron desactivados 35 campos minados y 370 minas antipersonales. El mismo informe denuncia 239 minas incautadas a los grupos insurgentes[37]. De otra parte, en la última semana de diciembre de 1999, fueron desactivados 16 campos minados que aun no se cuentan en las estadísticas anteriores, y que se hallaban en zonas rurales de los municipios de San Vicente, San Luis, San Francisco y San Carlos, en el departamento de Antioquia[38]. El día 21 de diciembre de 1999, 11 personas resultaron heridas y 3 más murieron al accionar de manera accidental un campo minado en inmediaciones del municipio de La Jagua del Pilar, entre los departamentos del Cesar y la Guajira[39]. El 30 de Enero de 2000, 4 personas, entre las que se encontraba una bebé de ocho meses, cayeron víctimas de la explosión de una mina antipersonal en un camino que tomaban habitualmente para dirigirse del corregimiento de Buena Vista en el municipio de Santa Rosa, a su casa en una vereda cercana[40]. En la vereda Campo Llama del mismo municipio había muerto, unos días antes, un joven de 24 años[41]. El 28 de febrero de 2000, el Comandante de la Quinta División del Ejército Nacional de Colombia, General Euclides Sánchez Vargas, denunció la aparición de al menos 52 minas antipersonales en el municipio de San José de Sumapaz, en Cundinamarca. Las minas se encuentran muy cerca de la escuela, la cancha de fútbol del pueblo y en los caminos que conducen a las casas más alejadas[42]. En la región de Sumapaz dos soldados resultaron heridos al pisar minas antipersonales, mientras registraban campamentos abandonados de la guerrilla[43].
“[L]as Fuerzas Militares Colombianas poseen en la actualidad campos minados defensivos para protección, los cuales se encuentran situados en las proximidades de instalaciones de alto riesgo y difícil acceso...” estableció el General Fernando Tapias Stahelin, Comandante General de las Fuerzas Militares[44]. CCCM pudo comprobar que algunos campos minados pueden representar un peligro para la población civil. Estos campos se encuentran muy cerca de áreas pobladas. En dichas áreas no se han tomado las medidas necesarias para prevenir el riesgo de accidentes.[45]
ACTORES
NO ESTATALESEn Colombia actúan al menos 5 grupos de Actores No Estatales : las FARC - EP (Fueras Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo), el UC-ELN (Unión Camilista - Ejército de Liberación Nacional), las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), el EPL (Ejército Popular de Liberación) y el ERP (Ejército Revolucionario Popular). Se sabe que todos estos grupos han hecho uso de minas antipersonales dentro de sus estrategias. Aún así, sólo dos de ellos, las FARC-EP y el UC-ELN han hablado del tema de las minas antipersonales. Las FARC han incluido dentro de sus agendas de diálogo con el gobierno, en el marco del proceso de paz que se adelanta actualmente, el tema de las minas antipersonales, bajo el punto 9 - Derecho Internacional Humanitario[46]. Por su parte el ELN estableció en el Tratado de Puerta del Cielo, firmado en Mainz, Alemania, que se compromete a “[I]mpulsar la ratificación por parte del Congreso de la Convención de Ottawa sobre prohibición de uso de minas antipersonales...”[47].
En 1996, las FARC confirmaron a la organización no gubernamental Human Rights Watch, que ha usado minas regularmente[48]. De acuerdo con la Novena Conferencia de las FARC, realizada en 1993, las minas antipersonales serán usadas para prevenir el avance de tropas enemigas, y para crear confusión y miedo entre ellas[49]. De acuerdo al código de 1993, los comandantes y combatientes de las FARC deberán retirar todas las minas que se hayan instalado en el área de influencia cuando abandonen el lugar o cambien de posición. Según el documento, las minas deberán ser ubicadas con el enemigo a la vista, y la población civil será notificada de la presencia de minas[50].
Las minas antipersonales usadas por la mayoría de los grupos de Actores No Estatales colombianos son fabricadas por expertos en explosivos entrenados para tales fines. Aparte del uso de este tipo de armas, algunos de los grupos de ANSs que operan en el país, han venido fabricando Artefactos Explosivos Improvisados, tales como bombas y minas antivehículos, valiéndose de pipetas de gas, oxígeno y cilindros refrigerantes[51]. “[L]os cilindros son cargados con diferentes materiales... bien con explosivos para causar la destrucción de instalaciones, con gasolina para provocar incendios posteriores a la explosión, y últimamente se suelen combinar las anteriores técnicas con el empleo de brea y pegantes con la finalidad de adherirse a edificaciones, trincheras y ... sobre la piel de las víctimas...” .[52]
No existen datos oficiales sobre el tráfico ilícito de armas al país. Sin embargo, fuentes oficiales han manifestado preocupación por el alarmante ingreso de armas livianas, entre ellas minas antipersonales por las fronteras con Ecuador, Venezuela y Panamá[53], a través de las cuales entran armas por vía marítima, aérea y terrestre[54]. Después del secuestro múltiple de civiles en la iglesia de La María, en Cali, Vallle del Cauca, el ejército nacional encontró aproximadamente 500 minas de fabricación extranjera, mientras buscaba a los secuestrados. Aunque se sabe que estas minas son de fabricación industrial no hay datos precisos sobre su procedencia, características o cantidades[55].
Se presume que existen arsenales de minas antipersonales en poder de los grupos alzados en armas en Colombia. En el pasado, el Ejército Nacional ha encontrado cantidades considerables de minas antipersonales en los Talleres de Armamento Popular (TAP) del Ejército Popular de Liberación Nacional[56].
El uso de minas antipersonales por parte de los Actores No Estatales en Colombia es una práctica común desde hace más de una década. El departamento de Santander es uno de los más afectados, y en el que se reportan víctimas por causa de minas antipersonales desde 1990[57]. Las minas antipersonales y artefactos explosivos improvisados son utilizados frecuentemente, y su uso se ha venido incrementando en los últimos meses. Recientemente el Ejército fueron colocadas por miembros de fuerzas insurgentes en San José de Sumapaz, el pasado 28 de febrero de 2000. El Ejército encontró 52 minas antipersonales en caminos, cercanías de la escuela y la cancha de fútbol de la población. Igualmente se encontró un campo minado a 50 metros de una vivienda, en los alrededores de la antena repetidora de cerro Granada[58].
El impacto humanitario de las minas antipersonales colocadas por los Actores No Estatales en Colombia es incalculable. Según datos de la Gobernación de Bolívar, se estima que la escolarización primaria se ha reducido en un 60% a causa de la amenaza de presencia de minas cerca de escuelas de seis municipios en el sur de Bolívar.[59] Los campesinos del corregimiento de Buena Vista en el municipio de Santa Rosa del Sur, sur de Bolívar, calculan que en los últimos seis meses han muerto por lo menos veinte reses y gran cantidad de perros y burros al entrar en campos minados. El municipio de Santa Rosa es eminentemente agrícola y ganadero en pequeña escala.[60]
Los pobladores de las zonas afectadas viven temerosos y los niños padecen frecuentemente el síndrome de guerra, manifestado en terrores nocturnos, incontinencia nocturna y trastornos de la personalidad.[61]
No se ha logrado establecer la cantidad de víctimas por minas antipersonales dentro de los grupos de Actores No Estatales. Las estadísticas recopiladas por CCCM solo dan cuenta de seis guerrilleros heridos, dos guerrilleros muertos, un paramilitar muerto y seis paramilitares muertos en un período de siete años[62].
Las comunidades afectadas por minas antipersonales solicitan urgentemente la ayuda de ONGs, instituciones estatales y organismos internacionales para iniciar labores de desminado, prevención y atención a víctimas y manifiestan sentirse blanco de los grupos armados, además de estar completamente abandonados por organizaciones que podrían brindarles ayuda.[63]
ACCION
HUMANITARIA CONTRA LAS MINAS
Territorios Afectados
Colombia apareció reportado en el Monitor de Minas Terrestres de 1999 como uno de los países más afectado en América por la presencia de minas antipersonales en su territorio. Colombia es el único país en el continente americano donde se desarrolla minado en la actualidad. Hasta el momento no se han desarrollado programas de desminado humanitario que pudieran mejorar la situación de las poblaciones listadas en el informe Landmine Monitor 1999. Se cree que por lo menos 100 poblaciones de las aproximadamente 1050 que tiene el país poseen territorios minados. Los siguientes municipios han sido reportados como afectados por la presencia de minas antipersonales. La mayoría de ellos han sido reportados luego de la aparición de una o más víctimas:
Simití, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Norosí, Tiquisio, Achí, Cantagallo, Altos del Rosario, Carmen de Bolívar y Zambrano en Bolívar.
Caicedo, San Roque, San Carlos, San Francisco, Segovia, Mutatá, Turbo, Apartadó, Currulao, Zaragoza, Yondó, San Luis, Cáceres, Dabeiba, Tello, Bello, Yalí, Puerto Triunfo, Cocorná, Granada, El Bagre, Maceo, Campamento, Carmen de Viboral y Vegachí en Antioquia.
Fortul, Tame, Saravena, La Esmeralda y Arauquita en Arauca
Miraflores, Puerto Rico, San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá en Caqueta.
Támara en Casanare.
Argelia y El Bordo Patía en el Cauca.
Curumaní, La Jagua de Ibirico, La Jagua del Pilar, Pailitas, Pelaya, San Alberto y Valledupar en el Cesar.
Riosucio en el Chocó.
Cabrera, Claraval, Junín, Guayabeltal, Medina, San Bernardo, Viotá, Sumapaz en Cundinamarca.
Calamar, Miraflores, San José del Guaviare en el Guaviare.
Suaza en Huila.
Ciénaga y El Banco en Magdalena.
Calvario, El Castillo, Lejanías, Mapiripán, San Juanito en Meta.
Convención, Cucutilla y Teorama en Norte de Santander.
Puerto Asís en Putumayo.
Barrancabermeja, Bucaramanga, California, El Playón, Florida Blanca, Galán, Piedecuesta, San Vicente de Chucurí en Santander.
Toluviejo en Sucre.
Chaparral en Tolima.
Palmira en Valle del Cauca.
[1] República de Colombia. Diario Oficial. Enero 18 de 2000, p. 1-7, Bogotá, Colombia.
[2] Landmine Monitor/Colombia entrevista telefónica con Graciela Uribe de Lozano, Jefe de la Unidad de Desarme de la Oficina de Asuntos Especiales, Ministerio de Relaciones Exteriores, enero 14 de 2000, Bogotá, Colombia.
[3] Landmine Monitor/Colombia entrevista con Pedro Agustín Roa, Asistente de la Unidad de Desarme de la Oficina de Asuntos Especiales, Ministerio de Relaciones Exteriores, noviembre 12 de 1999, Bogotá, Colombia.
[4] Ibid.
[5] Landmine Monitor/Colombia entrevista con Andrés Celis, Consejero de la Presidencia de la República para el Plan Colombia, Presidencia de la República de Colombia, diciembre 2 de 1999, Bogotá, Colombia.
[6] Mary Wareham, “Highlights of Statements made at the First Meeting of State Parties, May 3-4, 1999, Maputo, Mozambique.
[7] Landmine Monitor/Colombia entrevista con Andrés Celis, Consejero de la Presidencia de la República para el Plan Colombia, Presidencia de la República de Colombia, diciembre 2 de 1999, Bogotá, Colombia.
[8] Landmine Monitor/Colombia entrevista con María Jimena Pachón, directora de la Unidad de Comunicaciones para el Desarrollo, Ministerio de Comunicaciones de la República de Colombia, Octubre 20 de 1999, Bogotá, Colombia.
[9] Landmine Monitor/Colombia entrevista con Pedro Agustín Roa, Ministerio de Relaciones Exteriores, 10 de diciembre de 1999, Bogotá, Colombia.
[10] Ibid., y Comunicaciones a ICBL y HRW – http://www.icbl.org y http://www.hrw.org
[11] Palabras del Señor Presidente de la República, Andrés Pastrana, con Ocasión de la Sanción de la Ley que Aprueba la Convención de Ottawa, Sobre la Prohibición de las Minas Antipersonales, 14 de enero de 2000, Bogotá, Colombia.
[12] “Colombia Signs Landmine Ban, Joins Canada In War Against Drugs”,
The Ottawa Citizen, sin fecha pero enero de 2000, Ottawa, Canadá.[13] Tratado de Puerta del Cielo. ELN, Artículo 18. Agenda de Negociación de las FARC, punto 9 sobre derecho Internacional Humanitario, aparte B sobre Minas Antipersonales. Plan de Respeto al DIH, Vicepresidencia de la República, punto 5. Ley 554 del 14 de enero de 2000, según la cual el gobierno Aprueba la Convención de Ottawa.
[14] Landmine Monitor/Colombia entrevista con Rolin Wabre, Delegado del CICR para Colombia, 12 de abril de 1999, Bogotá, Colombia.
[15] Landmine Monitor/Colombia entrevista con Nidya Quiroz, Oficial de proyectos Paz y Desarrollo, UNICEF Colombia, 25 de febrero de 2000, Bogotá, Colombia.
[16] Landmine Monitor/Colombia entrevista con Pedro Agustín Roa, Ministerio de Relaciones Exteriores, 10 de diciembre de 1999, Bogotá, Colombia.
[17] Landmine Monitor/Colombia entrevista telefónica con Graciela Uribe de Lozano, Jefe de la Unidad de Desarme de la Oficina de Asuntos Especiales, Ministerio de Relaciones Exteriores, enero 14 de 2000, Bogotá, Colombia.
[18] Landmine Monitor Report 1999: Toward a Mine-free World. Reporte sobre Colombia. Página 294.
[19] Oficio No. 069087/CGFM-JADEC-DCCA-SJ-420 del Ministerio de la Defensa Nacional - Fuerzas Militares de Colombia, dirigido a Diana Roa Castro, Coordinadora General, Campaña Colombiana Contra Minas, y firmado por el General Fernando Tapias.
[20] Landmine Monitor/Colombia entrevista, Ingeniero Hector Rodríguez, Gerente de Producción, Industria Militar – INDUMIL, 18 Enero 1999, Bogotá, Colombia.
[21] INDUMIL, Catálogo MN-MAP-1 y MN-MPA-2.
[22] Las Minas Antipersonales son mejor conocidas en Colombia con el nombre de “quiebrapatas”. El Ejército Colombiano afirma que este tipo de minas son las utilizadas y manufacturadas por los grupos insurgentes. Este tipo de minas se fabrica de forma doméstica pero semi-industrial, dados los volúmenes de producción.
[23] Landmine Monitor/Colombia entrevista, Capitán Miguel Torralvo, 19 Enero 1999, Bogotá, Colombia.
[24] Landmine Monitor/Colombia entrevista con Pedro Agustín Roa, Ministerio de Relaciones Exteriores, 10 de diciembre de 1999, Bogotá, Colombia.
[25] Las Zonas Minadas en Colombia, El Tiempo, 29 de septiembre de 1998, p. 13 A
[26] Ministerio de la Defensa Nacional, Comando General de las Fuerzas Militares, “Infracciones al D.I.H. Por el Uso de Minas y Otros Artefactos Explosivos de Manera Indiscriminada por la Narco-Guerrilla Colombiana” Bogotá: Ministerio de la Defensa Nacional, 1997.
[27] Landmine Monitor/Colombia entrevista, Capitán María Vázquez, Oficial Derechos Humanos, Agencia de Noticias Ejército Nacional de Colombia, 25 de enero de 2000, Bogotá, Colombia.
[28] Campaña Colombiana Contra Minas entrevista, usuarios de minas “matamarranos” en Chocó, Bogotá, Colombia, sin fecha, pero Noviembre de 1998.
[29] Landmine Monitor/Colombia entrevista con el capitán Javier Ayala, director de la Oficina de Derechos Humanos, Ministerio de la Defensa Nacional, Bogotá, Colombia, 13 de diciembre de 1999.
[30] Landmine Monitor/Colombia entrevista, Alvaro Arias, director Area de Asuntos Internacionales, Ministerio de la Defensa Nacional, 20 de enero de 2000, Bogotá, Colombia.
[31] Ejército de los Estados Unidos, Comando de Armamento, Municiones y Armas Químicas (USAMCCOM), Carta dirigida a Human Rights Watch, 25 de Agosto de 1993, y tablas estadísticas adjuntas ; Agencia de Asistencia para Seguridad y Defensa de los Estados Unidos, Ventas Militares al Exterior y Minas Antipersonales, FY 1983-1992.
[32] Oficio No. 2850-MDASE-DH-725, firmado por Hugo Mauricio Ortíz Concha, por Ausencia del Mayor General Mario Hugo Galán Rodríguez, Inspector General de las Fuerzas Militares.
[33] Oficio No. 69087/CGFM- JADEC- DCCA- SJ- 420, Firmado por el Comandante General de las fuerzas Militares, Fernando Tapias Stahelin, bogotà, Colombia, 21 de enero de 2000.
[34] Landmine Monitor/Colombia entrevista, Ingeniero Hector Rodriguez, Industria Militar – INDUMIL, Bogotá, Colombia, 18 Enero 1999.
[35] Oficio No. 69087/CGFM- JADEC- DCCA- SJ- 420, Firmado por el Comandante General de las fuerzas Militares, Fernando Tapias Stahelin, 21 de enero de 2000, Bogotá, Colombia.
[36] Landmine Monitor/Colombia entrevista telefónica, Graciela Uribe, Ministerio de Relaciones Exteriores, 2 Febrero 1999, Bogotá, Colombia.
[37] Landmine Monitor/Colombia entrevista, Capitán María Vázquez, Agencia de Noticias Ejército Nacional de Colombia, 25 de enero de 2000, Bogotá, Colombia
[38] Landmine Monitor/Colombia entrevista, Mayor Anselmo Escobar, Oficial Derechos Humanos, Cuarta Brigada del Ejército Nacional de Colombia, 5 de enero de 2000, Medellín, Colombia.
[39] Agencia de noticias, Ejercito Nacional de Colombia, comunicado de prensa, diciembre 22 de 1999, Bogotá, Colombia.
[40] “Cuatro Heridos al Estallar Minas en Santa Rosa del Sur”, Vanguardia Liberal, 1 de Febrero de 2000, Bucaramanga, Colombia, p. 1D.
[41] “Pueblo Cercado Por Minas Antipersonales”, El Espectador, Bogotá, Colombia, 2 de Febrero de 2000, p. 4A
[42] “FARC siembran 52 minas en San José de Sumapaz” El Colombiano, Medellín, Colombia, 29 de febrero de 2000, p. 7A
[43] Romaña se queda sin víveres. El Espectador, 1 de abril de 2000, bogotá, colombia, p. 4A
[44] Oficio No. 69087/CGFM- JADEC- DCCA- SJ- 420, Firmado por el Comandante General de las fuerzas Militares, Fernando Tapias Stahelin, Bogotá, Colombia, 21 de enero de 2000.
[45] Visita de CCCM a campo minado en La Calera, Bogotá.
[46] “Agenda Común Gobierno-FARC”, El País, Cali, Colombia, 7 de Mayo de 1999, p. 9 A
[47] “Tratado de Puerta del Cielo”, Artículo 7.d., y 7.10., “Humanización del Guerra”, Tratado entre la sociedad civil y el Ejército Popular de Liberación Nacional - ELN.[48] Entrevista de HRW con Marco León Calarcá, Frente Internacional - FARC, Ciudad de México, México, 13 de Julio de 1996, en “Guerra sin Cuartel: Colombia y el Derecho Internacional Humanitario”, Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, Human Rights Watch, Octubre de 1998, p. 182.
[49] Campaña Colombiana Contra Minas, en diálogo con Marco León Calarcá y Olga Marín, Frente Internacional - FARC, Ciudad de México, México, 13 de enero de 1999
[50] Ibid.
[51] “Mortíferas Pipetas y Minas”, Comunicado de la Oficina de Prensa del Ejército Nacional, Bogotá, Colombia.
[52] Ibid.
[53] Landmine Monitor/Colombia entrevista con Pedro Agustín Roa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Bogotá, Colombia, 25 de Enero de 2000.
[54] Landmine Monitor/Colombia entrevista con Capitán María del Rosario Vázquez, Ejército Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, 25 de Enero de 2000.
[55] Ibid.
[56] Orlando Henríquez y Orlando Restrepo, “¿El Proceso de Paz, un “Campo Minado” ?”, El Tiempo, Bogotá, Colombia, 21 de Septiembre de 1998, p. 12 A
[57] Landmine Monitor/Colombia entrevista con Nidya Quiróz, UNICEF Colombia, Bogotá, Colombia, 25 de febrero de 2000.
[58] “FARC Siembran 52 Minas en San José de Sumapaz”, El Colombiano, Medellín, Colombia, 29 de Febrero de 2000. P. 7 A
[59] Lupe Mouthon Mejía, “4 heridos al estallar minas en Santa Rosa del Sur”, Vanguardia Liberal, p. 1D, 1 de febrero de 2000, Bucaramanga, Colombia.
[60] Campaña Colombiana Contra Minas, entrevista con campesinos del corregimiento de Buena Vista, Santa Rosa del Sur, 3 de mayo de 2000, Santa Rosa del Sur, Colombia.
[61] Ibíd.
[62] Campaña Colombiana Contra Minas, Listado de Víctimas de Minas Antipersonales en Colomnia, 1993 – 1999, abril de 2000, Bogotá, Colombia.
[63] Campaña Colombiana Contra Minas, entrevistas a miembros de comunidades afectadas por minas antipersonales en Santander y Bolívar, abril 28 a mayo 6 de 2000.
