Antigua
y Barbuda firmaron el Tratado para la Prohibición de las Minas el 3 de
diciembre de 1997. El Tratado fue ratificado el 3 de mayo de 1999 y entró
en vigor el primero de noviembre del mismo año. Se cree que Antigua y
Barbuda aún no han promulgado legislación nacional para su
implementación. Presentaron su informe de transparencia del
Artículo 7 el 29 de marzo del 2000, pero no han presentado el informe
anual subsiguiente del Artículo 7 que correspondía entregar el 30
de abril del 2001. Antigua y Barbuda votaron a favor de la Resolución
53/33V de la Asamblea General de las Naciones Unidas. De acuerdo al informe del
Artículo 7, Antigua y Barbuda nunca han almacenado ni transferido minas
antipersonal y no está afectado por las
minas.[1]
