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Desarrollos clave desde mayo del 2000: se introdujo la legislación para la implementación a nivel nacional a la asamblea legislativa. Costa Rica todavía no ha presentado su informe de transparencia inicial del Artículo 7, que debía presentar en febrero 27 del 2000. De acuerdo a los planes actuales la remoción de minas se debe completar para julio del 2002.
Costa Rica firmó el Tratado para la Prohibición de Minas Terrestres el 3 de diciembre de 1997. Fue ratificado el 17 de marzo de 1999 y entró en vigor el 1 de septiembre de 1999. Actualmente se lleva a cabo un proceso para legislar la prohibición sobre minas antipersonal. El 26 de febrero del 2001 el presidente Miguel Ángel Rodríguez envió la “Ley para la prohibición de minas antipersonal” a una sesión extraordinaria de la legislatura para que la analizara la asamblea legislativa.[1] Según un representante que preparó la legislación, Walter Muñoz, “esta iniciativa cumple con los requisitos del Tratado para la Prohibición de las Minas y llama la atención sobre el problema de minas antipersonal en el país.[2]
Costa Rica todavía no ha presentado su informe inicial de transparencia del Artículo 7, que debía haber presentado el 27 de febrero del 2000. Tampoco ha cumplido con el plazo para presentar el informe actualizado anual, que terminó el 30 de abril del 2001. En enero del 2001, el Ministro de seguridad pública, Rogelio Ramos, expresó al Monitor de Minas Terrestres que él no sabía de los requisitos de proporcionar un informe de transparencia y aseguró que lo presentaría lo más pronto posible.[3] En julio del 2001, el Ministerio de Seguridad Pública manifestó al Monitor de Minas Terrestres que el informe estaba terminado y sería enviado con prontitud.[4]
Representantes de la Misión Permanente de Costa Rica de las Naciones Unidas en Ginebra asistieron a la Segunda Reunión de los Estados Parte en septiembre del 2000 y a reuniones del Comité Permanente Intersesional en diciembre del 2000 y mayo del 2001. En noviembre del 2000, Costa Rica votó a favor de la resolución 55/33V en apoyo al Tratado para la Prohibición de las Minas Terrestres.
Costa Rica es un estado parte del Protocolo II Enmendado (minas terrestres) anexo a la Convención sobre Armas Convencionales y asistió a la Segunda Conferencia Anual de los Estado Parte en diciembre del 2000.
En ausencia de una declaración pública definitiva o de un informe de transparencia del Artículo 7, se creé que Costa Rica nunca ha producido, importado, almacenado, ni usado minas antipersonal.
Las fuerzas involucradas en el conflicto de Nicaragua pusieron minas terrestres a lo largo de la costa de la frontera norte de Costa Rica. En el 2001 el gobierno revisó su plan de trabajo de remoción de minas y actualmente estima que el número de minas plantadas no pasa de 2.000.[5]
Las áreas afectadas incluyen los sectores de Los Chiles, Tablitas, Isla Chica, La Trocha, Pocosol, San Isidro, Tiricias, Cóbano, La Victoria y Pueblo Nuevo. Estas áreas son, en su mayor parte, tierras agrícolas cerca de la frontera. Los dueños de estas tierras las abandonaron hace años por el problema de las minas terrestres y en los últimos años ocupantes ilegales se han establecido en ellas. De acuerdo al Ministerio de Seguridad Pública, los campesinos nicaragüenses y costarricenses también comercian en bienes agrícolas como semillas y fertilizantes en estas áreas.[6] El problema de las minas terrestres también afecta a los inmigrantes nicaragüenses que entran a Costa Rica sin documentación dado que cruzan por las áreas fronterizas afectadas por las minas para poder evadir los controles de inmigración establecidos en las fronteras.[7]
En octubre del 2000 un campesino vio una mina antipersonal al lado del camino “usado diariamente por los locales y por inmigrantes ilegales” en la región de Victoria de Upala.[8] Un equipo desminizador vino a Upala (cerca del marcador de límites 13) desde Los Chiles (cerca del marcador de límites 11), donde ubicaron y detonaron cinco minas terrestres de fabricación checoslovaca.
La unidad de la OEA para la promoción de la democracia, por medio de su programa Acción Integral contra las Minas Antipersonal (AICMA) es responsable de la coordinación y supervisión del Programa de Asistencia al Desminado en Centroamérica (PADCA) con el apoyo técnico de la Junta de Defensa Interamericana (IADB).
La IADB es responsable por organizar el equipo de supervisores internacional a cargo de adiestramiento y certificación. Este equipo de supervisión es conocido como Misión de Asistencia para la Remoción de Minas en Centro América (MARMINCA).
PADCA/MARMINCA tienen programas de acción contra las minas en Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua. En Costa Rica, el ministro de seguridad junto con PADCA/MARMINCA también es responsable por operaciones de desminado.
En el 2000 el presupuesto anual del programa regional de la OEA fue de $7.6 millones de dólares financiado por Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Japón, los Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Suiza, los Estados Unidos y el Reino Unido.[9] Entre junio del 2000 y mayo del 2001 las contribuciones financieras ascendieron a un total aproximado de $6 millones.[10]
La oficina de la OEA en Costa Rica no pudo proveer al Monitor de Minas Terrestres las cifras exactas de los fondos de donantes canalizados por la OEA para actividades de desminado en Costa Rica. Los fondos se gastaron en equipo técnico, mantenimiento de vehículos, transporte aéreo, material educativo y salarios. En el 2001, Costa Rica recibió apoyo técnico de Brasil y de Honduras a través de PADCA de la OEA.[11]
El Monitor de Minas Terrestres no pudo obtener las cifras oficiales del Ministerio de Seguridad Pública para las contribuciones financieras del gobierno de Costa Rica al programa de desminado. El gobierno paga el salario del personal del Programa de Remoción de Minas, y otros costos operativos (como comunicaciones telefónicas), equipo de oficina y costos de evacuación aérea.[12]
El Programa de Remoción de Costa Rica consiste actualmente de un coordinador de programa, un coordinador de operaciones y un equipo de desminado de 40 personas, tanto desminadores como personal de apoyo; todos son miembros de la Guardia Civil del Ministerio de Seguridad Pública. También hay cuatro perros detectores de minas. El equipo de desminado tiene dos sesiones de adiestramiento anual, apoyadas por el programa de PADCA de la OEA.
Actualmente está en desarrollo un nuevo plan de trabajo de remoción de minas. Las operaciones de remoción de minas del 2000 y del 2001 se llevaron a cabo siguiendo planes previos, en los tres sectores fronterizos preestablecidos: Pocosol y Los Chiles (provincia de Alajuela); Upala (Alajuela); y La Cruz y Peña Blanca (Guanacaste). Las actividades de desminado se concentraron en las áreas cerca de los marcadores fronterizos 9, 10 y 11 en el sector 1, pero en octubre del 2000 se cambió a sector 2 cerca de Upala, según los planes actuales la remoción de minas de debía completar para julio del 2002.[13]
De acuerdo al Ministerio de Seguridad Pública, la mina antipersonal PP-MI-SR-II fue el único tipo de mina limpiado por desminadores en el 2000.[14] Hasta junio del 2001, 331 minas antipersonal y 4.441 pertrechos sin detonar y remanentes habían sido limpiadas y destruidas por el programa de remoción de minas y 143.355 metros cuadrados habían quedado despejados de minas.[15]
La remoción de minas es un trabajo lento en parte porque se encuentran muchos remanentes de guerra en los tres sectores..[16] El Capitán Rogelio Siqueira, asesor brasileño para la Junta de Defensa Interamericana de la OEA, expresó: “nos gustaría avanzar más rápido, pero no tenemos mapas ni registros que nos guíen a las minas terrestres...y las lluvias, condiciones meteorológicas adversas y los malos caminos son otros factores que hacen difícil la remoción de minas”.[17] Otra dificultad mayor es la evacuación aérea. En el 2000 el gobierno alquiló un helicóptero 1965 Bell UH-1H de una compañía privada (Vertol Systems) con la opción de comprar, pero luego decidió no comprarlo porque no cumplía con todos los requisitos. El Ministerio de Seguridad Pública proporcionó un avión para permitir que continuara la operación de remoción de minas.[18] En el 2000 se le proporcionó una ambulancia a la Cruz Roja de Costa Rica para que los equipos de remoción de minas la usaran en el terreno.[19]
Actualmente la tierra declarada libre de minas esta volviendo a sus dueños originales pero no hay información disponible sobre el número de personas que se han beneficiado de esto hasta el momento. El proceso de volver la tierra libre de minas a sus dueños originales también se ha demorado por la presencia de ocupantes ilegales.[20]
En un evento público celebrado el 2 de septiembre del 2000 el Ministro de Seguridad Pública Rogelio Ramos, el Comisario Walter Navarro y el Director de la OEA en Costa Rica Víctor Brodersohn felicitaron y dieron diplomas y medallas al Capitán brasileño Ronaldo Morais y al Teniente de la Marina Jayne Pedrosa, miembros de la misión MARMINCA por el trabajo de desminado que habían realizado en la parte norte del país.[21]
El Ministerio de Seguridad Pública y la OEA en coordinación con el Ministerio de Educación continua con las campañas de educación de sensibilización sobre el riesgo de las minas en las regiones afectadas por las minas. En el 2000 las campañas de educación se enfocaron en las pequeñas ciudades de Cuatro Esquinas, Medio Queso, San Isidro y la Guaria.[22] En la educación y sensibilización sobre minas se impartió en las escuelas de la localidad con la participación de vecinos, estudiantes y profesores. Las campañas incluyeron material didáctico como fichas, fotos y minas falsas y la OEA también distribuyó lápices, cuadernos, uniformes de educación física y otros materiales que tenían mensajes para concienciar sobre las minas. Si bien es cierto que ahora la población local tiene algún conocimiento sobre el problema de las minas terrestres, cabe advertir que los inmigrantes y visitas a las regiones afectadas a las minas no tienen tal información, por lo tanto es lo que los hace especialmente vulnerables.[23]
No se registraron nuevas víctimas en el periodo que cubre el informe incluyendo a ninguno de los desminadores. Los registros sobre víctimas de las minas no se mantienen en forma sistemática. Una fuente citó un total general de 8 muertes y 10 heridos de minas terrestres, lo cual la OEA IADB cree consistente con la información disponible.[24] También es posible que haya otras víctimas de minas que no han sido registradas con el gobierno, como los inmigrantes ilegales de Nicaragua.
El programa OEA IADB ha proporcionado asistencia a dos sobrevivientes de minas, Francisco Ramírez y su esposa Elizabeth Sandoval. Quienes perdieron una pierna cada uno, el mismo día en el área de la Isla Morgan.[25] La OEA IADB recientemente ofrecieron conseguir una pierna artificial a través de otra fuente. La OEA IADB está en comunicación con 4 sobrevivientes que mostraron las cicatrices de una explosión de minas terrestres pero actualmente no necesitan tratamiento.
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[1] La legislación está numerada Expendiente N. 14042 y está ante la Comisión de Internacionales. Entrevista con José Mario Alfaro, Asesor de la Plenaria, Asamblea Legislativa, 26 de febrero del 2001.
[2] Entrevista con el Representante Walter Muñoz, Partido de Integración Nacional, San José, 28 de febrero del 2001.
[3] Entrevista con Rogelio Ramos, Ministerio de Seguridad Pública, San José, 24 de enero del 2001.
[4] Entrevista telefónica con Mayela Coto, Ministerio de Seguridad Pública, San José, 16 de julio del 2001.
[5] Entrevista con el Mayor Luis Carlos Calvo, Coordinador del Programa de Remoción de Minas, Ministerio de Seguridad, Los Chiles, 13 de febrero del 2001.
[6] Ibid.
[7] Carlos Hernández, “Detectan minas en Upala. Campesinos no siembran por temor a explosiones”, La Nación, 28 de octubre del 2000.
[8] Ibid.
[9] Correo electrónico al Monitor de Minas Terrestresde Jhosselin Bakhat, Organización de Estados Americanos, 20 de junio del 2000.
[10] OEA, “Informe del Secretario General sobre la implementación de las Resoluciones 1745 (apoyo a PADEP) y 1751 (apoyo a PADCA)”, 7 de mayo del 2001.
[11] Entrevistas con Leda Marín, PADCA OEA, Coronado, 18 de enero y 2 de febrero del 2001.
[12] Entrevista con Rogelio Ramos, Ministerio de Seguridad Pública, San José, 24 de enero del 2001.
[13] Cindy Centeno Mena, “Por su valentía en remoción de minas”, La Prensa Libre, 23 de septiembre del 2000; y entrevista con Rogelio Ramos, Ministerio de Seguridad Pública, San José, 24 de enero del 2001.
[14] Entrevista con el Mayor Luis Carlos Calvo, Coordinador del Programa de Remoción de Minas, Ministerio de Seguridad, Los Chiles, 13 de febrero del 2001.
[15] Entrevista telefónica con Leda Marín, OAS PADCA, Coronado, 10 de junio del 2001.
[16] Carlos Hernández, “Detectan minas en Upala. Campesinos no siembran por temos a explosiones”, La Nación, 28 de octubre del 2000.
[17] Ibid.
[18] Entrevista con Rogelio Ramos, Ministerio de Seguridad Pública, 24 de enero del 2001; y entrevista con el Mayor Luis Carlos Calvo, Coordinador del Programa de Remoción de Minas, Ministerio de Seguridad, Los Chiles, 13 de febrero del 2001.
[19] Correo electrónico al Monitor de Minas Terrestres (HRW) de ICRC, Mines/Arms Unit, Geneva, 11 de julio del 2001.
[20] Entrevista con Rogelio Ramos, Ministerio de Seguridad Pública, San José, 24 de enero del 2001.
[21] Cindy Centeno Mena, “Por su valentía en remoción de minas”, La Prensa Libre, 23 de septiembre del 2000.
[22] Entrevista con el Alcalde Luis Carlos Calvo, Coordinador del Programa de Remoción de Minas, Ministerio de Seguridad, Los Chiles, 13 de febrero del 2001.
[23] Ibid.
[24] Carlos Hernández, “Detectan minas en Upala. Campesinos no siembran por temos a explosiones”, La Nación, 28 de octubre del 2000; correo electrónico al Monitor de Minas Terrestres (HRW) de William McDonough, Coordinador, PACDA, Organización de Estados Americanos, 26 de julio del 2001.
[25] Correo electrónico al Monitor de Minas Terrestres (HRW) de William McDonough, Coordinador, PACDA, Organización de Estados Americanos, 26 de julio del 2001.
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