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Desarrollos clave desde mayo del 2000: Por primera vez las Fuerzas Armadas habían expresado al Monitor de Minas Terrestres que el Salvador tiene un arsenal de 5.657 minas antipersonal. Aunque el Gobierno mismo se ha declarado “libre de minas” el Grupo de Desminado Internacional y su organización socia CORDES, identificaron 53 sitios afectados por minas y pertrechos sin detonar en las provincias de Chalatenango, Cabañas, Cucatlán y Usulután. Un proyecto de acción contra las minas, incluyendo desminado, se había programado por la IDG para comenzar en la ultima parte del 2001. El Salvador no ha presentado su informe inicial de transparencia del Articulo 7 que debía entregar el 27 de diciembre de 1999.
El Salvador firmó el Tratado para la Prohibición de las Minas el 4 de diciembre de 1997, la Asamblea Nacional aprobó la ratificación el 25 de noviembre de 1998 y el instrumento de ratificación fue depositado el 27 de enero de 1999.[1] El tratado entró en vigor el 1 de julio de 1999. El Salvador no ha promulgado una legislación nacional para la implementaron del Tratado para la Prohibición de las Minas.
El Salvador no ha presentado su informe inicial de transparencia del Articulo 7 que se debía entregar el 27 de diciembre de 1999 ni los informes anuales actualizados que se debían entregar el 30 de abril del 2000 y el 30 de abril del 2001. En mayo del 2001 el director de Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores Francisco Fernández expresó al monitor de minas que el “tomaría las medidas apropiadas para enviar ambos informes a la Secretaria General de las Naciones Unidas en junio del 2001".[2]
El Salvador asistió a la Segunda Reunión de los Estados Parte en septiembre del 2000. No participó en las reuniones del Comité Permanente Intersesional en diciembre del 2000, pero si asistió a la mayo del 2001. En noviembre del 2000 representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y del Ministerio de Defensa asistieron al Seminario Regional sobre destrucción de arsenales en las Américas, que tuvo lugar en Buenos Aires. También en noviembre, El Salvador votó a favor de la Resolución 55/33V de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en apoyo al Tratado para la Prohibición de las Minas.
Landmine Survivors Network LSN (Red de Víctimas Sobrevivientes) está implementando un programa de Capacitación en Representación de Sobrevivientes de Minas Terrestres, que se centra en la región de las Américas para el 2000/2001.[3] Las víctimas sobrevivientes de minas terrestres de cinco países de la región incluyendo El Salvador participaron en la primera sesión de entrenamiento que tuvo lugar en Ginebra en mayo del 2001, al mismo tiempo que las reuniones del Comité Permanente intersesional. Una segunda sesión de entrenamiento se llevará a cabo durante la Tercera Reunión de los Estados Parte en Managua en septiembre del 2000.
El Salvador no es parte de la Convención sobre Armas Convencionales (CAC) y no asistió a la Segunda Conferencia Anual de Estados Parte al Protocolo II Enmendado anexo a la CAC en diciembre de 2000.
No se sabe que El Salvador haya producido y exportado minas antipersonal, pero ha importado una cantidad considerable de minas, incluyendo minas Claymore M-14, M-26 y M18A1, de los Estados Unidos.[4] Las guerrillas del Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí ha hecho una cantidad significante de minas antipersonal caseras y dispositivos explosivos improvisados. Ambos lados del conflicto interno usaron minas desde 1980 al 1992.
El Gobierno había informado previamente que desde marzo de 1993 hasta enero de 1994 la División de Armas y Explosivos (DAE) de la Policía Nacional Civil destruyó todas las minas antipersonal que quedaban almacenadas por las Fuerzas Armadas Salvadoreñas. El Salvador informó sobre la destrucción de estas minas al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en abril del 1997.[5]
Sin embargo, en una respuesta detallada al Monitor de Minas Terrestres enviada en mayo del 2000 el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de El Salvador, General Álvaro Antonio Calderón Hurtado informó que El Salvador tenía un arsenal de 5.657 minas terrestres antipersonal, incluyendo 4.937 M-14 y 720 minas antipersonal M-26, almacenadas en diversas partes del país.[6]
Dando respuesta al Monitor de Minas Terrestres, Las Fuerzas Armadas de El Salvador proveyeron información sobre un plan de destrucción de arsenales que contenía tres fases.[7] La primera fase, desde el 1 de julio al 31 de agosto de 1999, cubriría las minas mantenidas por unidades militares y transferidas al batallón de materiales de guerra CALFA. En la segunda fase, desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 1999, las minas serían revisadas para ver su estado operacional y serian clasificadas de acuerdo a eso. En la tercera fase, las minas almacenadas serian destruidas comenzando en enero del 2000 para terminar en julio del 2003. Las primeras minas que serian destruidas serian aquellas clasificadas como tipo “C” (“deterioradas” o “en condición inservible”). Aunque el General indicó que la destrucción comenzaría en enero del 2000 no se ha reportado ninguna destrucción de minas en los medios de comunicación ni a otros Estados Parte por medio del Comité Permanente para la Destrucción de las Minas Terrestres.
Aunque sin hacer mención de la destrucción de arsenales en 1993 y 1994 reportada a la OEA la respuesta al Monitor de Minas Terrestres menciona que incluso antes de que existiera el Tratado para la Prohibición de Minas Terrestres, la Fuerzas Armadas Salvadoreñas habían destruido 1.010 minas antipersonal M-14 en 1996 bajo Operación “Borbollón”.[8]
El 10 de mayo del 2000 se produjo una explosión en un sitio de almacenamiento de municiones que hizo tambalear a la capital San Salvador hiriendo seriamente a mas de 15 personas en el sitio de almacenamiento, 50 personas en la vecindad y dañando mas o menos 700 casas.[9] Las municiones habían sido almacenadas debajo de un cuartel situado en una zona residencial de San Salvador, en la Brigada Especial de la Seguridad Militar (BESM) que habían sido anteriormente los cuarteles principales de la Guardia Nacional. Voceros de los militares habrían dicho a los medios de comunicación que el arsenal de la BASM incluía granadas M67 y M90, cohetes y minas terrestres.[10] Después de críticas al Ejército por la manera de manejar las municiones y el uso de depósitos urbanos para almacenar explosivos, las autoridades expresaron que trasladarían otros 13 arsenales a áreas menos pobladas. El ex ministro de Defensa, General Humberto Corado, reconoció la falta de recursos de las Fuerzas Armadas para tal almacenar municiones como corresponde.[11]
Después de los acuerdos de Paz de 1992 algunos combatientes del FMLN no habrían entregado todas sus armas y todavía quedarían muchas armas en manos de civiles, en depósitos ilegales conocidos como “tatus”,[12] estos depósitos contenían minas terrestres o “artefactos explosivos que podían ser modificados para ser usados como minas terrestres o explosivos improvisados”.[13]
En el pasado un número de funcionarios del gobierno declararon a El Salvador territorio libre de minas.[14] En mayo del 2000 un funcionario del gobierno expresó al Monitor de Minas Terrestres, “Nos han dado un certificado donde declaramos que El Salvador es una zona libre de minas. Por supuesto siempre existe un margen de error pero no hemos tenido ningún accidente”.[15] En mayo de 1999 el Vice Ministro René Eduardo Domínguez expresó en la Primera Reunión de los Estados Parte “Nosotros podemos afirmar orgullosamente hoy día que somos un país libre de minas”. [16]
Entre marzo de 1993 y enero de 1994 una compañía belga, International Danger and Disaster Assistance (IDAS), hizo la remoción de sitios cubriendo 428 kilómetros cuadrados de terreno.[17] IDAS garantizó que el 97% de las minas habían sido limpiadas, pero un funcionario de Gobierno reconoció que la operación de remoción de minas por la IDAS solamente había cubierto aquellos campos de minas identificados y no había abordado el problema de las pertrechos sin detonar que requiere otro tipo de proceso”.[18] El Teniente Coronel José Ernesto alas Sansur de las Fuerzas Armadas expresó al Monitor de Minas: “IDAS no nos garantizó una remoción completa de minas, de modo que El Salvador tiene 3% de minas en aquellos campos de minas identificados cuya remoción y destrucción es compleja”.[19]
En mayo del 2001 un informe de los medios de comunicación advirtió que varios departamentos todavía estaban en riesgo de minas terrestres y de pertrechos sin detonar incluyendo San Salvador, Cabañas, San Vicente, Usuluatán, Morazán y Chalatenango.[20] Marcos Alfredo Valladares, que en ese entonces era el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDHH) expreso a los medios de comunicación: “Muchos han concluido que el país esta libre de minas, pero eso es un contraste con la realidad”.[21] De acuerdo a Valladares, además del peligro físico, existe un impacto económico porque los campesinos tienen miedo de cultivar un campo donde se ha encontrado un explosivo.[22] Valladares manifestó que una de las razones por el “tema olvidado del desminado” en El Salvador era que los medios de comunicación muy rara vez cubrían incidentes donde estuvieran implicadas minas y pertrechos sin detonar.[23]
Desde 1998 el Grupo de Desminado Internacional (IDG) ha efectuado misiones de evaluación y estudio en El Salvador para investigar la presencia de campos de minas y de áreas afectadas por pertrechos sin detonar que no hayan sido reconocidas.[24] De acuerdo a IDG las minas terrestres están “efectivamente obstruyendo el proceso de reconstrucción social y económica en las áreas rurales del país”.[25]
Con su ONG Salvadoreña socia, la Fundación para la Cooperación del Desarrollo Comunal del Salvador (CORDES), y IDG ha identificado 53 sitios que están afectados por las minas y pertrechos sin detonar, de los cuales o no se sabía de su existencia o no habían sido registrados. El área cubierta total se estima en 150 kilómetros cuadrados en los departamentos de Chalatenango, Cabañas, Cucatlán y Usulután. La IDG identificó estos sitios mediante visitas, inspecciones y remoción de minas terrestres. Además de las minas antipersonal la IDG encontró trampas explosivas, granadas de mano, cartuchos de morteros y cohetes, todos los cuales estaban en un estado de funcionamiento u operacionales, pero las espoletas se habían deteriorado en algunos de los explosivos haciéndolos inestables. En mayo 2001 lo explosivos se entregaron a la División de Armas y Explosivos de la Policía Civil Nacional en presencia de un funcionario de la Oficina del Procurador General Para Derechos Humanos y un periodista.[26]
De acuerdo a las Fuerzas Armadas Salvadoreñas después de la guerra, el Ejercito habría limpiado todas las minas cercanas a las bases militares y a centros económicos vitales, destruyendo un total de 8.500 minas antipersonal.[27]
El International Demining Group ha trabajado estrechamente coordinado con la Oficina de la Procuradoría General de los Derechos Humanos (PDDHH) la cual, según la IDG, es el organismo gubernamental responsable del cumplimiento del Tratado para la Prohibición de las Minas.[28] En 1999, la Oficina del Procurador General obtuvo apoyo en aviación de las Fuerzas Aéreas Salvadoreñas para misiones de inspección y visitas a terreno.[29] En abril del 2001 la IDG firmó un acuerdo de cooperación para la remoción de minas con la Oficina del Procurador para Derechos Humanos, y un componente de inspección de 6 meses de un proyecto piloto se programó para comenzar a finales del 2001.[30]
En cooperación con CORDES, el proyecto piloto fue implementado en tres comunidades rurales en los departamentos de Cabañas y Chalapenango al Norte de El Salvador los que fueron seleccionados por CORDES como altamente prioritarios.[31] El proyecto piloto incluyó un renovado nivel de inspección uno, haciendo mapas y marcando las áreas sospechosas de minas, remoción de minas y sensibilización sobre minas con base a al comunidad. La educación en sensibilización sobre minas está enfocada a los niños como a las mujeres, líderes comunitarios y agricultores usando métodos que incluyen estaciones de radios nacionales y locales.[32] De acuerdo a la IDG los equipos de acción contra las minas (MATS) capacitados para la remoción de minas, sensibilización sobre minas, inspección y actividades de evaluación e inspección serán usados para tal proyecto.[33] MATS se integrará con CORDES proporcionando un enlace directo entre la remoción de minas y el desarrollo comunitario dentro de la institución mientras que la Iglesia Católica y Luterana ayudarán participando en los procesos de recolección de datos para evaluación del problema de las minas en las áreas piloto. De acuerdo a la IDG esto va ha permitir a que la institución y CORDES desarrollen programas operacionales futuros una vez que se complete el proyecto piloto.[34] De acuerdo a un informe de los medios de comunicación de mayo del 2001 el Comité Interinstitucional en Derecho Internacional (CIDIH-ES), la Cruz Roja Salvadoreña y miembros de la Comisión de Relaciones Externas de la Legislatura Nacional se reunieron para analizar una iniciativa para legislación con respecto a remoción de minas en El Salvador.[35]
El Salvador contribuye a los esfuerzos de remoción de minas en la América Central. De acuerdo a un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, diez Salvadoreños actualmente participan en el programa OEA PADCA en Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua.[36]
Es difícil tener un cuadro acertado del número de víctimas de minas terrestres y de pertrechos sin detonar en El Salvador. Pocas fuentes están de acuerdo tanto en la cantidad como en la tendencia. De acuerdo a las Fuerzas Armadas Salvadoreñas no existe información disponible sobre víctimas civiles de minas antipersonal.[37]
Un Diputado de la Asamblea Legislativa expreso al Monitor de Minas Terrestres que había aproximadamente dos incidentes por mes en las arreas rurales debido a artefactos de artillería sin detonar y que en el 2000 hubo 25 víctimas de incidentes con minas antipersonal o pertrechos sin detonar.[38] En diciembre del 2000, IDG declaró que, según datos recopilados por CORDES, las instalaciones de minas y de artefactos de artillería sin detonar ha aumentado.[39] El programa de la Red de Sobrevivientes de Minas Terrestres en El Salvador expresó que los incidentes de pertrechos sin detonar parecen casos aislados pero que de hecho son frecuentes.[40] De acuerdo al LSN hubo incidentes recientes en Morazán, Usulután, San Vicente y Chanatenango.
La Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador (ALGES) no mantiene un registro de la gente discapacitada por minas terrestres o pertrechos sin detonar.[41] En Mayo del 2001 la Asociación Salvadoreña de Discapacitados expreso al Monitor de Minas Terrestres que no había asistido a ninguna víctima ya sea de minas o de pertrechos sin detonar en el 2000 o en el 2001.[42]
La información sobre víctimas de minas terrestres y UXO ha sido recolectada a partir de informes de los medios de comunicación. El 30 de Octubre de 2000 dos agricultores fueron muertos por una granada de mortero de 81 milímetros que encontraron en Cerro El Pedregal cerca de la ciudad de San Antonio Los Ranchos, en el Departamento de Chalatenango.[43] Según los informes, las víctimas venían de vuelta de su trabajo cuando encontraron la granada mortero (comúnmente llamada papaya por su forma) y creyeron que estaba inactiva. El mortero explotó cuando ellos la llevaban a casa.
El 27 de Febrero del 2000 tres niños fueron muertos por un explosivo no identificado mientras buscaban langostinos en el cantón El Carrizal, San Simón en el Departamento de Morazán en el Este del país.[44] El incidente ocurrió en el barranco El Caracol donde lo niños a menudo jugaban y solo a unos metros de la casa de dos de ellos.
El 26 de mayo del 2001 un campesino fue muerto y otro herido por lo que se informó como una “granada militar” en el Cantón Piedra Grande Arriba al Norte de Zacatecoluca.[45] Según las informaciones las dos personas habían encontrado la granada mientras trabajaban los campos y la traían de vuelta a casa donde explotó cuando trataron de abrirla.
El Director Ejecutivo de la Asociación Promotora de la Organización de Discapacitados de El Salvador (PODES), expresó al Monitor de Minas Terrestres que de acuerdo al censo de 1992 habían 81.721 personas con discapacidades en El Salvador en ese año.[46]
PODES ha estado produciendo aparatos de prótesis y ortopedia desde 1993 y actualmente tiene 22 empleados incluyendo 16 discapacitados de guerra.[47] Hasta mayo del 2001 PODES había proporcionado asistencia a un total de 1.416 personas incluyendo 890 personas discapacitadas por la guerra. 65% de sus pacientes eran personas discapacitadas debido a minas antipersonal. Además de los talleres que lleva a cabo en San Salvador PODES tiene talleres más pequeños en Morazán, Usulután, Cabañas, Cuscatlán, Chaltenango y Santa Ana. Actualmente PODES busca apoyo financiero adicional para el fondo Social de Ayuda a las Personas Pobres Discapacitadas. La Fundación Vietnam Veterans of America (VVAF) proporciona asistencia financiera anual y adiestramiento a PODES. En el 2000 VVAF proporcionó $80.000 para ayudarle en sus actividades.[48]
El Informe del Monitor de Minas 2000 listó varias otras instituciones que proporcionaban asistencia con prótesis incluyendo la Fundación Teletón, el Centro de Rehabilitación del Ejército, el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos del Gobierno, la Universidad Don Bosco, la Asociación de Lisiados de las Fuerzas Armadas, y otras.[49]
El Ejército tiene una institución para heridos de guerra, la cual incluye una clínica para prótesis. Inicialmente la asistencia se proporcionaba solamente a soldados, desde entonces se ha hecho disponible también a civiles.[50]
LSN, con sede en los Estados Unidos, actualmente estableció un programa en el país y un presupuesto para el año 2001 para El Salvador de $145.000.[51] La LSN busca mejorar la calidad de vida de los sobrevivientes de minas terrestres por medio de asesoría y usando los recursos existentes en el país antes de brindar apoyo directamente a los sobrevivientes de minas. Coordina sus actividades con hospitales, centros de salud y con organizaciones no gubernamentales para proporcionar la asistencia.
Canadá ha contribuido con $750.000 canadienses (cerca de $500.000 US) a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 1999 como parte de una iniciativa de cinco años, con $3.5 millones canadienses (cerca de US$2.34 millones) para ayuda a las víctimas en Nicaragua, Honduras y El Salvador.[52] Participaban en el programa tripartito OPS, Canadá (a trabes del International Centre for Community Based Rehabilitation de la Universidad de Queens) y México. De acuerdo al IRD, el proyecto consiste en desarrollar servicios rurales de rehabilitación, programas de rehabilitación sustentable a largo plazo basados en la comunidad, desarrollo en materia de prótesis y ortopedia y reintegración socio-económica de las víctimas de minas terrestres. En el 2000 el programa dio apoyo a una misión de planificación del equipo de reintegración económica a El Salvador y Honduras y coordinó el desarrollo de un sistema de información de salud.
El Sierra Club en la Provincia de Colombia Británica, Canadá, recibió $125.000 canadienses (cerca de $84.000 US) por medio del programa de IRD “Taping Creativity” destinado a la iniciativa de asistencia a las víctimas en El Salvador.[53] La iniciativa capacita a las victimas de minas en el desarrollo de tecnologías propicias al medio ambiente. Canadá ha contribuido con $325.000 canadienses (cerca de $218.000 US) al proyecto desde 1998.
Del 18 al 19 de junio del 2000 técnicos de prótesis de el Salvador asistieron a la Primera Conferencia Regional de Asistencia a las Víctimas, Rehabilitación y Tecnologías, organizada por la OEA y el Centro para Rehabilitación Internacional (CIR) en Managua, Nicaragua.[54]
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[1] Respuesta al cuestionario del Monitor de Minas Terrestres por el General Alvaro Antonio Calderón Hurtado, Jefe del Estado Mayor Conjunto, Fuerzas Armadas de El Salvador, 8 de mayo del 2001.
[2] Entrevista con Francisco González, Director de Seguridad y Defensa, Ministerio de Asuntos Exteriores, San Salvador, 28 de mayo del 2001.
[3] Red de Sobrevivientes de Minas, “Report: Raising the Voices Landmine Survivor Advocate Training Program”, del 5 al 12 de mayo del 2001.
[4] El Departamento del Estado de los Estados Unidos ha informado que de 1982 a 1990, Los Estados Unidos dieron a El Salvador 4,140 M-14s, 720 M-24s y 47,244 M18A1s. Hojas Informativas, “US Landmine Sales By Country” y “Foreign Military Sales of US Mines”, recibidas por Human Rights Watch el 23 de febrero de 1994.
[5] Véase Informe del Monitor de Minas Terrestres 2000, p. 269. No se sabe si minas tipo Claymore fueron incluidas en la destrucción.
[6] Respuesta al cuestionario del Monitor de Minas Terrestres por el General Alvaro Antonio Calderón Hurtado, Jefe del Estado Mayor Conjunto, Fuerzas Armadas de El Salvador, 8 de mayo del 2001.
[7] Ibid.
[8] Ibid.
[9] “Salvadoran munitions store blows up injuring 44”, Agence France Presse (San Salvador) 10 de mayo del 2000; “Caos por explosión de arsenal Fuerza Armada”, La Prensa Gráfica, 11 de mayo del 2000; Leonel Hernández, “¿Existe control de arsenales?” El Diario de Hoy, 12 de mayo del 2000; “Negligence to blame explosion at army arsenal”, Inforpress Centroamericana, 2 de junio del 2000.
[10] Rosemarie Mixco y Alberto López, “Incendio fue contingencial”, El Diario de Hoy, 11 de mayo del 2000. Una semana después, un especialista en explosivos de la Policía Nacional, y el Mayor Coronel del Comando de Ingenieros de las Fuerzas Armadas (CIFA) fueron asesinados cuando once granadas morteras explotaron en una instalación militar en Tapalhuaca, San Juan Noualco, en el departamento de La Paz. El incidente, el cual también hirió a un número de soldados y periodistas, ocurrió cuando el personal estaba tratando de destruir las municiones restantes de la explosión en el BESM. Jaime García, “Tragedia por explosión”, El Diario de Hoy, 18 De mayo del 2000; “Las últimas palabras de una víctima”, El Diario de Hoy, 18 de mayo del 2000.
[11] Jaime García, “Tragedia por explosión”, El Diario de Hoy, 18 de mayo del 2000; “Las últimas palabras de una víctima”, El Diario de Hoy, 18 de mayo del 2000.
[12] International Demining Group, “Pilot Programme: A proposal for community-based humanitarian mine action and development”, diciembre del 2000, p. 7. Enviado por correo electrónico al Monitor de Minas Terrestres (MAC) de Graeme Goldsworthy, Director, IDG, 8 de junio del 2001.
[13] Graeme Goldsworthy y Frank Faulkner, “Esta dura tierra: la renovación de la acción humanitaria contra las minas en El Salvador”, p. 4. Artículo en español enviado por correo electrónico al Monitor de Minas Terrestres (MAC) de Graeme Goldsworthy, Director, IDG, el 8 de junio del 2001. Publicado en inglés por James Madison, Centro Universitario de Información sobre la Acción contra las Minas, Journal of Mine Action, junio del 2001.
[14] Entrevista con Mauricio Granillo Barrera, Embajador de El Salvador para la OEA, Washington DC, 16 de febrero de 1999.
[15] Entrevista con el Coronel Sidney Redón, Embajada de El Salvador en Guatemala, Guatemala City, 9 de mayo del 2000.
[16] Declaración por el Viceministro de Relaciones Exteriores René Eduardo Dominguez a la First Meeting of States Parties to the Mine Ban Treaty, Maputo, 4 de mayo del 1999. Traducción por el Monitor de Minas Terrestres.
[17] Respuesta al cuestionario del Monitor de Minas Terrestres por el General Alvaro Antonio Calderón Hurtado, Jefe del Estado Mayor Conjunto, Fuerzas Armadas de El Salvador, 8 de mayo del 2001; Ana Lidia Rivera, “La Muerte a flor de tierra”, Vértice, El Diario de Hoy (San Salvador), 20 de mayo del 2001.
[18] Entrevista con Teniente Coronel Jose Ernesto Alas Sansur, Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, San Salvador, 18 de mayo del 2001.
[19] Ibid.
[20] Ana Lidia Rivera, “La Muerte a flor de tierra”, Vértice, El Diario de Hoy, 20 de mayo del 2001.
[21] Marcos Alfredo Valladares, PDDHH, en Ana Lidia Rivera, “La Muerte a flor de tierra”, Vértice, El Diario de Hoy, 20 de mayo del 2001.
[22] Ana Lidia Rivera, “La Muerte a flor de tierra”, Vértice, El Diario de Hoy, 20 de mayo del 2001.
[23] Ibid.
[24] International Demining Group, “Pilot Programme: A proposal for community-based humanitarian mine action and development”, diciembre del 2000, p. 2.
[25] Ibid, p. 1.
[26] Graeme Goldsworthy y Frank Faulkner, “Esta dura tierra: la renovación de la acción humanitaria contra las minas en El Salvador”, p. 9. Se incluían 28 minas antipersonal de fragmentación caseras, dos IED, una granada de mano improvisada, un misil, un mortero de 64mm, y dos minas caseras de fragmentación de detonación por comando, todos estos artículos estaban activos.Véase Ana Lidia Rivera, “La Muerte a flor de tierra”, Vértice, El Diario de Hoy, 20 de mayo del 2001.
[27] Respuesta al cuestionario del Monitor de Minas Terrestres por el General Alvaro Antonio Calderón Hurtado, Jefe del Estado Mayor Conjunto, Fuerzas Armadas de El Salvador, 25 de enero del 2001.
[28] Graeme Goldsworthy y Frank Faulkner, “Esta dura tierra: la renovación de la acción humanitaria contra las minas en El Salvador”, p. 7.
[29] International Demining Group, “Pilot Programme: A proposal for community-based humanitarian mine action and development”, diciembre del 2000, p. 5.
[30] Correo electrónico de Graeme Goldsworthy, IDG, al Monitor de Minas Terrestres (MAC), 31 de julio del 2001; Véase también, Ana Lidia Rivera, “La Muerte a flor de tierra”, Vértice, El Diario de Hoy, 20 de mayo del 2001.
[31] International Demining Group, “Pilot Programme: A proposal for community-based humanitarian mine action and development”, diciembre del 2000, p. 9.
[32] Ibid, p. 10.
[33] Ibid, p. 5.
[34] Ibid.
[35] Ana Lidia Rivera, “La Muerte a flor de tierra”, Vértice, El Diario de Hoy, San Salvador, 20 de mayo del 2001.
[36] Entrevista con Francisco González, Director de Seguridad y Defensa, Ministerio de Asuntos Exteriores, San Salvador, 18 de mayo del 2001.
[37] Respuesta al cuestionario del Monitor de Minas Terrestres por el General Alvaro Antonio Calderón Hurtado, Jefe del Estado Mayor Conjunto, Fuerzas Armadas de El Salvador, 25 de enero del 2001.
[38] Entrevista con el Diputado Pablo Parada Andino, Asamblea Legislativa, San Salvador, 28 de mayo del 2001.
[39] International Demining Group, “Pilot Programme: A proposal for community-based humanitarian mine action and development”, diciembre del 2000, p. 10.
[40] Correo electrónico al Monitor de Minas Terrestres (MAC) de Jesús Martínez, Director, Red de Sobrevivientes de Minas/ El Salvador, 23 de julio del 2001.
[41] Entrevista telefónica con Concepción Marroquín, ALGES, El Salvador, 18 de mayo del 2001.
[42] Entrevista telefónica con Porfirio Figueroa, ASALDIG, El Salvador, 18 de mayo del 2001.
[43] Ana Lidia Rivera, “La Muerte a flor de tierra”, El Diario de Hoy, 20 de mayo del 2001.
[44] Ibid.
[45] Mauricio Bolaños, “Un Muerto y un herido al explotar ‘granada militar’”, La Prensa Gráfica (San Salavdor), 29 de mayo del 2001.
[46] Correo electrónico al Monitor de Minas Terrestres (MAC) de José Leonidas Argueta Roldán, Executive Director, PODES, 24 de mayo del 2001.
[47] Ibid.
[48] Correo electrónico al Monitor de Minas Terrestres (HRW) de William Brown, Deputy for Administration, Vietnam Veterans of America Foundation, 23 de julio del 2001.
[49] Carta de Wanda Amory, PODES, a Wendy Batson, Director of Humanitarian Affairs, VVAF, 17 de julio del 2000.
[50] Entrevista con el Coronel Sidney Rendón, Embajada de El Salvador en Guatemala, Guatemala, 9 de mayo del 2000.
[51] Correo electrónico al Monitor de Minas Terrestres (MAC) de Jesús Martínez, Director, Red de Sobrevivientes de Minas/ El Salvador, 23 de julio del 2001.
[52] Sitio web“Safelane”, del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, Informe sobre Centro América, publicado el 29 de junio del 2000, modificado por última vez el 27 de marzo del 2001. Vea www.mines.gc.ca/IV_D_ii-e.asp.
[53] Ibid.
[54] “Ayudarán más a víctimas de minas antipersonales. Primera conferencia regional de rehabilitación y tecnología”, El Nuevo Diario (Managua), 19 de junio del 2001.
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