Santa Lucia firmó el Tratado para la
Prohibición de las Minas el 3 de diciembre de 1997, lo ratificó el
13 de abril de 1999 y entró en vigor el 1 de octubre de 1999. No se cree
que haya promulgado Legislación Nacional para su implementación y
todavía no ha presentado su informe inicial de transparencia del
Artículo 7, que debía presentarse el 29 de marzo del 2000. En
julio del 2001 un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores
expresó al Monitor de Minas Terrestres que Santa Lucia presentaría
el informe de transparencia, pero no dio fecha de cuando se
entregaría.[1] Santa Lucia
votó a favor de la Resolución 55/33V de la Asamblea General de las
Naciones Unidas en apoyo al Tratado para la Prohibición de las Minas.
Nunca ha producido, almacenado, transferido ni usado minas antipersonal y no
está afectado por las
minas.[2]
[1] Entrevista telefónica con Peter
Lansiquot, Presidente, División Económica y Política,
Ministerio de Asuntos Exteriores, 12 de julio del
2001. [2] Respuesta del Secretario
Permanente, Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, al
cuestionario del Monitor de Minas Terrestres, 1 de febrero 1999.