San Vicente y las Granadinas firmaron el Tratado
para la Prohibición de las Minas el 3 de diciembre de 1997, pero
aún no lo ha ratificado. Es el único miembro de la
Organización de los Estados Orientales Caribeños (OECS) que no lo
ha ratificado y la razón de la demora no es conocida. En noviembre del
2000, San Vicente y las Granadinas votaron a favor de la Resolución
55/33V de la Asamblea General de las Naciones Unidas llamando a la
universalización del Tratado para la Prohibición de las Minas
Terrestres. Nunca ha producido, transferido, almacenado ni usado minas
antipersonal y no es un país afectado por las
minas.[1]
