La acción humanitaria contra las minas se refiere a las actividades destinadas a reducir de manera significativa o eliminar completamente la amenaza y el impacto de las minas terrestres y las municiones sin explotar (MSE) sobre los civiles y sus vidas. Esto se logra mediante el estudio y la demarcación de los campos de minas, la remoción de minas y la divulgación de los riesgos que implican las minas. Para mejorar su eficiencia y efectividad, un aspecto cada vez más importante de la acción contra las minas es el establecimiento de prioridades y la planificación.
El número de países afectados por las minas que han informado de la organización de operaciones de limpieza de minas continuó aumentando en 2002 y 2003, al igual que la cantidad de áreas afectadas las minas en las que se registró la remoción de minas terrestres y MSE. Los acuerdos de paz y los altos el fuego en Angola, Sri Lanka y Sudán posibilitaron la expansión de las actividades relativas a las minas. Otros dos países afectados por las minas se unieron al Tratado sobre la Prohibición de las Minas, incluido Afganistán, uno de los países del mundo más contaminado por las minas y las MSE. Aumentó la presentación de informes sobre medidas de transparencia por parte de Estados Parte afectados por las minas, al igual que la participación de estos países en importantes reuniones del Tratado sobre la Prohibición de las Minas. Continuaron los estudios sobre el impacto de las minas terrestres en países importantes afectados por las minas. En general, los estudios y las evaluaciones del problema se hicieron más habituales. Estas actividades contribuyeron al desarrollo de prioridades en la remoción y de planes estratégicos nacionales de limpieza de minas. Aumentó el número de organizaciones no gubernamentales (ONG) involucradas en la acción contra las minas, tanto a nivel internacional como nacional. Durante este período informativo, se establecieron una serie de sistemas de coordinación de la acción contra las minas en varios países.
En 2002 y 2003, se destinaron cantidades masivas de fondos y asistencia para la acción contra las minas a Afganistán e Irak. Algunos lo vieron como una asignación desproporcionada de recursos, en detrimento de otros países y zonas afectados por las minas. En julio de 2002, la limpieza de minas en Eritrea se retrasó considerablemente cuando el gobierno disolvió los órganos de coordinación existentes, clausuró la ONG nacional de acción contra las minas ONG y expulsó del país a la mayoría de las ONG internacionales dedicadas a la acción contra las minas.
Muchos Estados Parte se van acercando a la mitad del plazo de diez años para la limpieza de todas las zonas minadas, de conformidad con el artículo 5 del Tratado sobre la Prohibición de las Minas. El primer plazo se cumplirá el 1 de marzo de 2009 para los primeros Estados Parte del Tratado. El plazo de otros 11 países se cumplirá más adelante en 2009 y en 2010 el de ocho Estados Partes.[26] Se está prestando cada vez más atención a éstos y otros Estados Parte para ayudarle a alcanzar este objetivo.
Algunos Estados Parte han confundido el objetivo del “2010” de la antigua política de desminado del gobierno de Estados Unidos con el plazo de diez años establecido por el Tratado. Otros se han marcado objetivos de limpieza que superan el plazo marcado por el Tratado. En el resto de los casos, ni siquiera se ha reconocido el problema, mucho menos el plazo establecido por el Tratado.
Es ilustrativo observar la situación de los 14 Estados Parte cuyo plazo se cumple en marzo de 2009: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Dinamarca, Yibuti, Honduras, ERY de Macedonia, Malawi, Mozambique, Namibia, Perú, Senegal, Reino Unido (Malvinas), Yemen y Zimbabwe. La remoción de minas se ha iniciado en la mayoría, pero no todos estos países.
El artículo 5 del Tratado sobre la Prohibición de las Minas exige la “de todas las minas antipersonal colocadas en zonas minadas...” (énfasis agregado). La ICBL y llevan años utilizando el término “libre de minas” para describir el objetivo fundamental de la erradicación de las minas terrestres antipersonal. Se están utilizando cada vez más otras expresiones, tales como “seguro frente a las minas” (mine-safe), “libre del riesgo” (risk-free), y “libre del impacto” (impact-free), para describir este objetivo. En los próximos años deben discutirse en más detalle estos términos y debe articularse mejor el sentido preciso del objetivo a alcanzar, mientras la comunidad internacional continúa luchando por solucionar el problema de las minas terrestres.
El Informe 2003 del Monitor de Minas Terrestres ha identificado a 82 países afectados por la presencia de minas terrestres y municiones sin explotar que no han sido limpiadas. Además, el Monitor de Minas Terrestres identifica otras nueve zonas (marcadas en cursiva en la tabla) que no corresponden a Estados internacionalmente reconocidos, pero sobre las que Monitor de Minas Terrestres investiga e informa por estar especialmente afectadas por las minas.[27]
Burundi
ChadRD del CongoYibutiEritreaEtiopía
Guinea-BissauLiberiaMalawiMauritaniaMozambiqueNamibiaNígerRwandaSenegalSierra LeonaSomaliaSudánSwazilandiaUgandaZambiaZimbabweSomaliland
Cuba
EcuadorGuatemalaHondurasNicaraguaPerúVenezuelaMalvinas(Reino Unido)
En negrita: países que no son parte del Tratado sobre la Prohibición de las Minas
El Monitor de Minas Terrestres ha eliminado a nueve países del total de 90 del año pasado y agregado a uno. Costa Rica se declaró libre de minas en diciembre de 2002. La República del Congo fue eliminada de la lista, ya que no se registran zonas minadas en el país, aunque su frontera con Angola podría estar afectada por las minas. En El Salvador, Estonia, Hungría, Kenya, Letonia, Lituania y Mongolia el problema se debe predominantemente, en algunos casos exclusivamente, a las MSE y tiene un impacto muy limitado sobre la población civil, al registrarse muy pocas o ninguna baja en 2001, 2002 ó 2003. Sigue existiendo la necesidad de la limpieza de municiones sin explotar (LMSE) en estos países.
Venezuela se agregó a la lista de los países afectados por las minas cuando reconoció, en su informe inicial presentado con arreglo al artículo 7, que tiene instaladas 1.063 minas antipersonal en seis emplazamientos.
Más de la mitad (45) de los 82 países afectados por las minas son Estados Parte del Tratado sobre la Prohibición de las Minas, entre ellos dos que se han incorporado al Tratado en este período informativo (Afganistán y Chipre). Bangladesh declare en su informe presentado con arreglo al artículo 7 que “no existen zonas minadas conocidas en el territorio de Bangladesh”.[28] Sin embargo, se han encontrado minas terrestres en una zona de 208 kilómetros a lo largo de la frontera con Birmania, en las colinas de Chittagong. Filipinas también indicó en su informe presentado con arreglo al artículo 7 que no está afectado por las minas, aunque ha declarado que los equipos de munición y demolición del Ejército limpian las minas, armas trampa y otros dispositivos explosivos instalados por los grupos insurgentes.[29] El Monitor de Minas Terrestres ha informado de que todos los años se siembran nuevas minas y se producen nuevas víctimas de éstas.
Sigue existiendo un desconocimiento en muchos países afectados por las minas del alcance del problema de las minas terrestres, lo que incluye información fiable y detallada sobre la ubicación exacta de las zonas minadas. En una serie de países no signatarios que carecen de programas de acción humanitaria contra las minas existe muy poca información pública disponible sobre el alcance del problema de las minas. Este es el caso, por ejemplo, de Birmania, India, Irán, Pakistán y Uzbekistán.
Tiene que conocerse el alcance del problema de las minas terrestres, incluidas la ubicación y el impacto de las zonas minadas, para poder desarrollar planes estratégicos de acción contra las minas. En general, se utilizan varios tipos de estudios o evaluaciones de las minas terrestres para examinar el problema.
El Estudio sobre el Impacto de las Minas Terrestres (EIMT) está diseñado para observar la repercusión de las minas terrestres en las comunidades con el fin de ayudar a las autoridades a desarrollar planes estratégicos para reducir dicho impacto. El Grupo de Trabajo sobre Estudios es el organismo que coordina la mayoría de las operaciones de EIMT, y el Centro de Actividades de Estudio (CAE) es la agencia ejecutora.
Se completaron estudios sobre el impacto de las minas terrestres en Camboya, Chad, Mozambique, Tailandia y Yemen en 2000 y 2001, y se llevó a cabo un estudio modificado en Kosovo. La Oficina de Servicios para Proyectos de la ONU (UN Office for Project Services, UNOPS) ha informado de que completó un EIMT en el norte de Irak en 2002. Se iniciaron EIMT en Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Eritrea, Etiopía, Líbano y Somaliland en 2002, la finalización de todos ellos está prevista para 2003, menos en el caso Eritrea, para 2004. En 2003, se puso en marcha un EIMT en Afganistán y Angola. En Vietnam, la Vietnam Veterans of America Foundation (VVAF) tiene previsto iniciar un EIMT en 2003. La República Democrática del Congo, Georgia, Somalia (Puntland) y Sudán están siendo considerados para un EIMT.
En 2002 y principios de 2003, el Monitor de Minas Terrestres registró otros estudios generales y evaluaciones del problema de las minas en 32 países: Afganistán, Albania, Angola, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Camboya, Chad, Colombia, Croacia, RD del Congo, Ecuador, Georgia, Guinea-Bissau, Irán, Irak, Kuwait, Laos, Líbano, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Pakistán, Perú, Rwanda, Serbia y Montenegro, Sudán, Sri Lanka, Tailandia, Túnez, Uganda, Vietnam y Yemen, así como Abjazia y Nagorno-Karabakh. En muchos casos, los estudios precedieron a las operaciones de remoción de minas, mientras que en otros se trataba de una evaluación o estudio con el fin de obtener una visión más concreta del problema con la que planear una respuesta.
Algunos de los acontecimientos más notables ocurridos en 2002 y 2003 en relación con los estudios y las evaluaciones son los siguientes. HALO Trust examinó tres antiguas bases militares del ejército soviético en Georgia en junio de 2002. En Armenia, un equipo de desminado realizó un estudio de una de las regiones más afectadas por las minas en el país. En Irak, la Oficina para Servicios de Proyectos de la ONU (UNOPS), el Grupo Asesor sobre Minas (Mine Advisory Group, MAG), VVAF y MineTech están realizando estudios/evaluaciones de emergencia. En Túnez, el MAG realizó una evaluación del problema de las minas terrestres en diciembre de 2002. Mientras que el Servicio de las Actividades Antiminas de las Naciones Unidas (SNUAM) emprendió una misión de evaluación en enero de 2003. En 2002, el SNUAM también realizó una misión de evaluación en Mauritania y una misión técnica en Chipre. En Vietnam, la empresa canadiense Hatfield Consultants realizó varios estudios locales en colaboración con un organismo del Ministerio de Salud de Vietnam.
El Sistema de Gestión de la Información para Actividades Relativas a las Minas (SGIAM) ayuda a los programas de acción contra las minas en la recopilación de datos y el mapeo de la información reunida sobre zonas afectadas, limpieza de minas, víctimas de las minas y otros datos relevantes. Según el Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra (Geneva International Center for Humanitarian Demining, GICHD), se ha instalado el SGIAM en 29 países, incluidos Albania, Armenia, Chile, Colombia, Chipre, RD del Congo, Guatemala, Honduras, Sudán y Zambia, en 2002. En 2003 apareció la Versión 3 del SGIAM.
A 31 de julio de 2002, un total de 38 de los 45 Estados Parte afectados por las minas habían presentado informes sobre medidas de transparencia con arreglo al artículo 7 del Tratado sobre la Prohibición de las Minas. Angola, Eritrea, Liberia, Namibia y Sierra Leona están retrasados en la presentación de sus informes iniciales con arreglo al artículo 7. Todavía no se ha cumplido el plazo para la presentación de los informes iniciales con arreglo al artículo 7 por Afganistán y Chipre.
En 2002 y la primera mitad de 2003, se registró algún tipo de limpieza de minas en 63 países afectados por las minas.[30] Se están realizando operaciones humanitarias de remoción de minas en al menos 35 países y actividades limitadas de limpieza de minas en 32 países. En 16 países afectados por las minas no se registraron actividades de limpieza de minas.
En 2002 y 2003, organismos internacionales, nacionales y no gubernamentales estaban realizando actividades humanitarias de remoción de minas en al menos 35 países. Lo que incluye 24 Estados Parte: Afganistán, Albania, Angola, Bosnia y Herzegovina, Camboya, Chad, Costa Rica, Croacia, Yibuti, RD del Congo, Ecuador, Eritrea, Guinea-Bissau, Guatemala, Honduras, Jordania, ERY de Macedonia, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Perú, Rwanda, Tailandia y Yemen. También incluye a 11 que no son parte del Tratado: Azerbaiyán, Etiopía, Grecia, Irán, Irak, Laos, Líbano, Pakistán, Sri Lanka, Sudán y Vietnam. También existen programas humanitarios de limpieza de minas en Abjazia, Kosovo, Nagorno-Karabakh y Somaliland.
La transparencia de la información sobre los acontecimientos relacionados con el desminado es fundamental para al asignación eficiente de los recursos a las áreas con mayor prioridad. La información inconsistente dificulta el recuento del terreno limpiado y devuelto a las comunidades. Suelen encontrarse importantes diferencias entre la cifras sobre limpieza de minas contenidas en el informe presentado por un país con arreglo al artículo 7, las ofrecidas por el organismo nacional de coordinación y las suministradas por varias ONG que se ocupan del desminado. En 2002, el Monitor de Minas Terrestres tuvo especiales dificultades para obtener cifras globales y consistentes sobre remoción de minas en Afganistán, Angola, Chad, Guinea-Bissau y Mozambique.
En algunos casos, las organizaciones no gubernamentales internacionales fueron las principales responsables de las operaciones humanitarias de remoción de minas, en colaboración con las autoridades locales. En 2002, las ONG aumentaron sus actividades de desminado en una serie de países, sobre todo en Afganistán, Irak y Sri Lanka. Entre las principales ONG internacionales de desminado se encuentran DanChurchAid (DCA), Danish Demining Group (DDG), HALO Trust (HALO), Mines Advisory Group (MAG), Norwegian People's Aid (NPA) y Swiss Foundation for Mine Action (FSD).
Las organizaciones no gubernamentales autóctonas o nacionales operaron en una serie de países en 2002.
En una serie de países, una combinación de desminadores de ONG, el ejército y la policía se encargan de las actividades humanitarias de remoción de minas.
El ejército y la policía nacionales realizan actividades de limpieza de minas en una serie de países. En casi todos los casos siguientes, las actividades de remoción se consideran humanitarias, pero se precisa más información, especialmente sobre los procedimientos para garantizar la calidad.
El Programa de Acción Integral contra las Minas (AICMA) de la OEA colabora con los ejércitos nacionales de América Central y del Sur.
En 2002 y 2003, se estaban realizando actividades limitadas de limpieza de minas en al menos 32 países, entre ellos diez Estados Parte (Colombia, Chipre, República Checa, Namibia, Filipinas, Serbia y Montenegro, Tayikistán, Uganda, Zambia y Zimbabwe) y 22 países que no son parte del Tratado (Armenia, Bielorrusia, Birmania, Burundi, China, Egipto, Georgia, India, Israel, Kuwait, Kirguistán, Moldavia, Marruecos, Nepal, Corea del Norte, Omán, Polonia, Rusia, Corea del Sur, Turquía, Ucrania y Uzbekistán), así como en Chechenia, Taiwán y el Sahara Occidental.
La remoción limitada por parte del ejército y otras entidades, tales como las unidades de desactivación de explosivos de la policía, en respuesta a situaciones de emergencia en las que fue necesaria la limpieza de minas terrestres o de MSE, se registró en Bielorrusia, República Checa, Georgia, Kuwait, Moldavia, Omán, Polonia, Rusia y Ucrania.
Durante este período informativo, algunos países realizaron actividades de limpieza de minas para facilitar operaciones militares. Se registraron operaciones militares limitadas de limpieza de minas con fines tácticos en Birmania, Burundi, Rusia (Chechenia), Colombia, Nepal, Filipinas, Uganda y Uzbekistán.
Se constató la limpieza limitada de minas para mantener los campos minados en Chipre y Israel.
Además, se registraron iniciativas dirigidas o aplicadas por residentes o comunidades afectadas por las minas en países tales como Afganistán, Birmania (Myanmar), Camboya, Laos, Nicaragua y Pakistán. En Camboya y Laos, los organismos oficiales de acción contra las minas solicitaron la prohibición de dichas iniciativas.
En 2002, no se registró ningún tipo de limpieza de minas en 16 países afectados por las minas, entre ellos 12 Estados Parte (Argelia, Bangladesh, Chile, Dinamarca, Liberia, Malawi, Níger, Senegal, Sierra Leona, Swazilandia, Túnez y Venezuela) y cuatro países que no son parte del Tratado (Cuba, Libia, Somalia y Siria), así como Palestina y las Malvinas (Reino Unido).
En los Estados Parte Argelia, Chile, Níger, Túnez y Venezuela se están planeando actividades humanitarias de limpieza de minas.
El Servicio de las Actividades Antiminas de la ONU continuó sus programas de respuesta de emergencia en Eritrea, ERY de Macedonia y el sur del Líbano en 2002. También estableció nuevos programas de coordinación de emergencias en la RD del Congo y Sudán. El SNUAM asumió además la responsabilidad de coordinar el Programa de Actividades sobre las Minas de la ONU en Afganistán y la respuesta de emergencia de la ONU en Irak. La Fuerza de Reacción Rápida para el Desminado (Quick Reaction Demining Force) de Estados Unidos, basada en Mozambique, fue desplegada en Afganistán, Irak, Sri Lanka y Sudán durante 2002 y 2003.
En 2002 y 2003, se prestó cada vez más atención al aspecto de desarrollo de la acción contra las minas, en lugar de considerarla exclusivamente como una actividad de emergencia o de ayuda humanitaria. Los donantes y los países afectados por las minas están reconociendo que las actividades sobre las minas deben formar parte de otras iniciativas de rehabilitación a largo plazo, y que estas iniciativas deben marcar las prioridades dentro de las operaciones humanitarias de limpieza de minas.
En este período informativo, la atención se ha concentrado cada vez más en las necesidades de planificación y coordinación. La mayoría de los países donantes están insistiendo ahora en la necesidad de que los países afectados por las minas desarrollen un plan estratégico de acción contra las minas concentrándose en las prioridades de remoción, y documenten con precisión el progreso general. Sin la información de los estudios, sistemas de planificación ni un organismo de coordinación bien estructurado, los países afectados por las minas y los países donantes seguirán sufriendo la imprecisión de los datos sobre la acción contra las minas. Esto provoca a su vez dificultades para medir la efectividad y la eficiencia de las actividades sobre las minas.
El Monitor de Minas Terrestres 2003 ha constatado la existencia de algún tipo de organismo de coordinación o planificación en 37 de los 82 países afectados por las minas: Afganistán, Angola, Albania, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Camboya, Chad, Chile, Colombia, Croacia, Yibuti, RD del Congo, Ecuador, Egipto, Eritrea, Etiopía, Guinea Bissau, Honduras, Irán, Irak, Jordania, Laos, Líbano, Macedonia, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Perú, Rwanda, Serbia y Montenegro, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Tayikistán, Yemen, Zambia y Zimbabwe. También existen organismos de este tipo en Abjazia, Kosovo, Nagorno-Karabakh, Palestina y Somaliland.
En este período informativo, algunos acontecimientos relativos a la coordinación incluyen:
Los planes nacionales de acción contra las minas son importantes herramientas de planificación para que los Estados Partes afectados por las minas puedan cumplir los plazos para la remoción. También pueden contribuir a asegurar que la remoción de minas beneficia a las poblaciones más afectadas y respalda el desarrollo socioeconómico nacional. Un plan de acción contra las minas también mejora la transparencia frente a los donantes y sirve de base para rendir cuentas a las comunidades afectadas por las minas.
Durante este período informativo, el Monitor de Minas Terrestres registró un plan nacional de acción contra las minas en 22 países: Afganistán, Albania, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Camboya, Chad, Chile, Colombia, Croacia, Ecuador, Egipto, Guinea Bissau, Jordania, Laos, Líbano, Mozambique, Nicaragua, Senegal, Sudán, Tailandia, Zimbabwe y Yemen. Una serie de países se encontraban en el proceso de elaboración y aprobación de sus planes.
Algunos de los acontecimientos relativos a la planificación ocurridos durante este período informativo son:
El Comité Permanente de Remoción de Minas, Divulgación de los Riesgos que Implican las Minas y Tecnologías para las Actividades relativas a las Minas se reunió en febrero y mayo de 2003. Bélgica y Kenya fueron sus Copresidentes. Camboya y Japón fueron sus Correlatores; y serán sus Copresidentes en septiembre de 2003. Durante las reuniones de 2003, el Comité se concentró en los acontecimientos y las actividades en los Estados Parte afectados por las minas. En la reunión de febrero de 2003, 17 Estados Parte ofrecieron información actualizada sobre los planes y el progreso en la aplicación de la acción contra las minas. En mayo de 2003, 16 Estados Parte presentaron información.[31] Cuatro países afectados por las minas que no se han incorporado al Tratado sobre la Prohibición de las Minas también presentaron información sobre la acción contra las minas: Irak (presentado por el SNUAM), Sri Lanka, Sudán y Turquía. Los documentos presentados en los Comités Permanentes están disponibles en www.gichd.ch.
En mayo de 2003, se introdujo una nueva “herramienta” para asistir a los Estados Partes afectados por las minas en la presentación de informes sobre sus actividades. El Enfoque “4P”, desarrollado por la Unidad de Apoyo al Cumplimiento (UAC), pide información sobre Problemas, Planes, Progreso y Prioridades. Los Copresidentes del Comité esperan que el Enfoque 4P mejore los esfuerzos por medir el avance de la acción contra las minas e identificar los problemas, especialmente cuando los Estados Parte se concentran cada vez más en la necesidad de cumplir el plazo de diez años para la limpieza de minas.
El Grupo de Trabajo sobre la Acción contra las Minas (Mine Action Working Group, MAWG) de la ICBL, presidido por NPA, hizo presentaciones en las reuniones de febrero y mayo del Comité Permanente. EL MAWG subrayó la importancia de la participación de los Estados Partes afectados por las minas en el programa de trabajo entre períodos de sesiones. Además, el MAWG recalcó la necesidad constante de transparencia en los informes sobre los resultados de la acción contra las minas. El MAWG subrayó el plazo de diez años para finalizar la limpieza de todas las zonas minadas y la importancia de medir efectivamente el progreso y valorar los desafíos que quedan por delante.
El Comité Directivo de Actividades de Remoción de Minas (CDARM), presidido por el SNUAM y con participación de varias ONG de desminado, la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja y otros organismos, se reunió en tres ocasiones en 2002 para discutir asuntos relacionados con las prioridades en la acción contra las minas, los acontecimientos ocurridos a nivel nacional (en Afganistán, Angola, Sri Lanka y Vietnam, así como en Chechenia) y la creación de la iniciativa de Respuesta Rápida. El CDARM formó un grupo de trabajo especial encargado de investigar las diferencias crecientes sobre el terreno entre la ONU y las ONG de acción contra las minas. El SNUAM también presidió el Grupo Interinstitucional de Coordinación de Actividades de Remoción de Minas, un grupo interno de la ONU que se reunió mensualmente en 2002 para coordinar la respuesta de la ONU en las actividades sobre minas.
La estrategia de Acción contra las Minas de la ONU se actualizó en julio de 2003 tras realizar consultas con la comunidad de activistas contra las minas y con los países afectados por las minas y gobiernos donantes. Entre otros aspectos, la estrategia revisada refleja los desarrollos técnicos y metodológicos, la participación creciente de los países afectados por las minas en la planificación, la coordinación y la ejecución de programas humanitarios de acción contra las minas y el importante papel desempeñado por las propias comunidades afectadas.
Un tema importante relacionado con la acción contra las minas durante este período informativo fue la importancia de integrar los planes nacionales de acción contra las minas en el los Planes de Desarrollo o Planes Estratégicos de Reducción de la Pobreza de cada país. El Monitor de Minas Terrestres ha constatado que cinco países han informado de la integración de sus actividades de remoción de minas y sus planes de acción contra las minas en sus Planes de Desarrollo o Planes Estratégicos de Reducción de la Pobreza: Camboya, Chad, Mauritania, Mozambique y Zimbabwe.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo está ofreciendo asistencia para la gestión de los programas de acción contra las minas en 23 países: Afganistán, Albania, Angola, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Camboya, Chad, Colombia, Croacia, Eritrea, Etiopía, Guinea Bissau, Irán, Jordania, Laos, Líbano, Mozambique, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Tayikistán, Ucrania y Yemen. El PNUD también ha continuado desarrollando y expandiendo su Programa de Intercambio de Lucha contra las Minas Terrestres (Mine Action Exchange Program, MAX), que facilita el intercambio de experiencias, información, tecnología e instalaciones entre los programas de países afectados por las minas. En 2002, los participantes en este programa procedían de Afganistán, Azerbaiyán, Croacia y Mozambique y, en 2003, está previsto ampliar el programa a Camboya, Yemen y otros países.
Las Normas Internacionales sobre Actividades relativas a las Minas (NIAM) son directrices para las actividades sobre minas destinadas a ayudar a los profesionales y a las autoridades a supervisar y realizar acciones contra las minas con arreglo a normas y niveles de seguridad internacionalmente establecidos. También se espera que las NIAM sirvan de base para todas las normas nacionales sobre acción contra las minas y los procedimientos reglamentarios de operación utilizados por todos los que se ocupan de este asunto. La junta de revisión de las NIAM se reunió en enero de 2003 para examinar cómo se han adoptado las normas internacionales y se han adaptado a las normas nacionales. Actualmente, la comunidad de activistas contra las minas ha aprobado 27 normas y está debatiendo otras cinco. Las NIAM pueden consultarse online en www.mineactionstandards.org.
Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra publicó varios estudios de las actividades relativas a las minas en 2002 sobre temas que incluyen los enfoques socioeconómicos de la acción contra las minas, la divulgación de los riesgos que implican las minas, las actividades sobre minas y el equipo mecánico de desminado, los detectores de metales y los restos materiales explosivos de guerra.
En septiembre de 2002, el SNUAM hizo público un CD-ROM interactivo con numerosos documentos importantes sobre las actividades relativas a las minas y la campaña contra las minas. En 2002, el SNUAM reforzó y amplió su Red Electrónica de Información sobre Minas (Electronic Mine Information Network, E-MINE), que se puede consultar en www.mineaction.org. La base de datos sobre destrucción de existencias gestionada por Canadá se integró en E-MINE.
El Grupo de Apoyo a la Acción de las Actividades relativas a las Minas (Mine Action Support Group, MASG), el grupo, con sede en Nueva York, de gobiernos donantes a la acción contra las minas, se reunió casi todos los meses en 2002 y 2003. La Misión Permanente de Bélgica ante la ONU presidió el MASG en 2002, mientras que la Misión Permanente de Alemania fue su presidente en 2003. En 2002, el MASG recibió documentos informativos de equipos de acción contra las minas que operan en Afganistán, Angola, Eritrea y Sudán, así como del UNICEF, PNUD y SNUAM. Inició visitas de donantes a programas en Camboya y Laos en 2002 y a los Balcanes en 2003. El MASG publica un boletín mensual con las actas de sus reuniones, las actividades de los donantes y lo más destacado de los programas de acción contra las minas.
Durante la Cuarta Reunión de Estados Parte de septiembre de 2002 se estableció un grupo informal de contacto sobre la movilización de recursos, presidido por Noruega. El grupo está encargado de explorar todas las vías posibles para la movilización de recursos con el fin de alcanzar el objetivo humanitario del Tratado sobre la Prohibición de las Minas. El grupo se concentra en la movilización de recursos entre donantes tradicionales, agencias multilaterales y bancos de desarrollo, Estados Partes afectados por las minas, otros países afectados por las minas y donantes oficiales no tradicionales, así como el sector privado. En mayo de 2003, el grupo examinó cómo podía verse la acción contra las minas como una actividad tanto humanitaria como de desarrollo, ofreciendo oportunidades para la financiación flexible. Se invitó a los Estados Parte a que integraran sus planes nacionales de acción contra las minas en los Planes de Desarrollo y sus Planes Estratégicos de Reducción de la Pobreza.
En el Informe 2003 del Monitor de Minas Terrestres se señalan varios proyectos de investigación y desarrollo (I+D) de países donantes y países afectados por las minas. Al igual que en años anteriores, suele ser difícil demostrar la repercusión de estos proyectos sobre el terreno.
En mayo de 2003, Bélgica presentó un documento sobre tecnologías, problemas y recomendaciones sobre la acción contra las minas, en el que se señalaba la colaboración entre los usuarios finales, los donantes y los expertos en tecnología como la principal necesidad en el campo de la I+D. En el documento se reconoce que la comunidad de I+D tiene que mejorar la manera en que aborda las necesidades reales, a diferencia de las asumidas o presumidas.
En 2002, Croacia estableció un Centro de Pruebas y Evaluación e invitó a los países y actores interesados a que utilizaran sus servicios. En cooperación con Suecia y la GICHD, este centro ha asumido la responsabilidad del establecimiento de normas para la puesta a prueba de maquinaria y técnicas de desminado. En 2002, se probaron nueve máquinas y 86 perros rastreadores de minas en Croacia.
En Sudáfrica, se ha emprendido un estudio para establecer una capacidad regional integrada conectada con los programas y las actividades nacionales. En el estudio se examinan la capacidad de los perros de rastreo, el equipo electrónico y mecánico y las tecnologías de apoyo a los sobrevivientes de las minas.
El término divulgación de los riesgos que implican las minas (DRM) reemplaza el término empleado anteriormente “sensibilización sobre el problema de las minas”.[32] La DRM no es normalmente una actividad separada, sino una parte integral dentro de la planificación y la aplicación de los programas de acción contra las minas. Según el proyecto de normas internacionales para la DRM, la DRM “intenta reducir el riesgo de lesiones por minas/MSE sembrando la conciencia y promoviendo el cambio de conducta; lo que incluye la divulgación de información, la educación y la formación y el enlace con las comunidades en relación con la acción contra las minas”.[33]
A nivel internacional, los principales responsables de la DRM son el UNICEF, el CICR, Handicap International (HI), International Save the Children Alliance (Save the Children Suecia, Reino Unido y Estados Unidos), el Grupo Asesor sobre Minas, HI Bélgica, la OEA y HALO Trust.[34] El UNICEF es el punto focal de la DRM dentro del sistema de las Naciones Unidas. Las ONG y las sociedades nacionales de la Cruz Roja/Media Luna Roja impartieron programas de DRM en al menos 28 países en 2002 y 2003.[35]
Más de 4.8 millones de personas participaron en sesiones de DRM en 2002. Millones más recibieron información de la DRM a través de la radio o la televisión, así como en reuniones informativas como las organizadas con los refugiados que regresaban a Afganistán.
El Monitor de Minas Terrestres registró programas de DRM en 57 de los 82 países afectados por las minas. Se impartieron programas significativos de DRM en 36 países y actividades básicas o limitadas de DRM en 21 países. No se registraron actividades de DRM en 25 países afectados por las minas.
El Monitor de Minas Terrestres registró programas de DRM en 36 países en 2002 y 2003. Estos incluyeron a 23 Estados Parte: Afganistán, Albania, Angola, Bosnia y Herzegovina, Camboya, Colombia, Croacia, RD del Congo, Ecuador, Eritrea, Guatemala, Guinea-Bissau, Honduras, ERY de Macedonia, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Perú, Senegal, Tayikistán, Tailandia, Uganda y Yemen. También incluyeron a 13 países que no son parte del Tratado: Azerbaiyán, Etiopía, Irak, Kirguistán, Laos, Líbano, Pakistán, Rusia, Serbia y Montenegro, Sri Lanka, Sudán, Siria y Vietnam. También se impartieron programas de DRM en Abjazia, Chechenia, Kosovo, Nagorno-Karabakh y Palestina.
En julio de 2002, se cerraron los programas de DRM en Eritrea y, en abril/mayo de 2002 acabó la Operación Vida Normal (Operation Normal Life) en Kosovo. Se iniciaron nuevos programas en nueve países (Angola, Colombia, Irak, Kirguistán, Namibia, Sri Lanka, Sudán, Vietnam, Zambia), así como en Palestina.
Entre los acontecimientos positivos se encuentran la expansión de las actividades del programa.
También se realizaron estudios y evaluaciones para planear y ejecutar mejor las actividades de DRM.
La formación y los talleres para los instructores de DRM también se consideran acontecimientos positivos.
Algunos acontecimientos negativos incluyen:
Se registraron actividades básicas o limitadas de DRM en 21 países, entre ellos 11 Estados Parte (Bangladesh, Chad, Chile, Yibuti, Jordania, Malawi, Mauritania, Filipinas, Túnez, Zambia y Zimbabwe) y 10 países que no son parte del Tratado (Bielorrusia, Birmania, Burundi, China, India, Israel, Nepal, Polonia, Corea del Sur y Ucrania), además de las Malvinas y Somaliland.
No se registraron actividades de DRM en 25 países, entre ellos 11 Estados Parte (Argelia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Liberia, Moldavia, Níger, Rwanda, Sierra Leona, Swazilandia y Venezuela) y 14 países que no son parte del Tratado (Armenia, Cuba, Egipto, Georgia, Grecia, Irán, Corea del Norte, Kuwait, Libia, Marruecos, Omán, Somalia, Turquía y Uzbekistán), así como en Taiwán y el Sahara Occidental.
Se puso de manifiesto una necesidad acuciante o creciente de programas de DRM en Angola, Birmania, Burundi, Chad, Georgia, India, Irán, Nepal y Somalia. Los responsables informaron de dificultades para financiar las actividades de DRM en Angola, Rwanda, Sudán, Uganda, Zimbabwe y Somaliland.
En 2002 y 2003, algunos actores fundamentales reenfocaron sus programas comunitarios de DRM en las comunidades altamente afectadas por las minas, a la vez que utilizaron los medios de comunicación (radio y televisión) para alcanzar a una población más amplia. Se impartieron programas de emergencia de DRM en una serie de lugares, incluido Irak, donde al menos cuatro agencias impartieron DRM. Utilizaron varias estrategias para diseminar los mensajes de DRM, tales como reuniones con líderes locales y religiosos, formación de maestros de escuela y voluntarios de la Media Luna Roja, distribución de panfletos y pósteres y producción de anuncios de televisión y artículos de prensa.
Se vieron muestras de una mayor integración de la DRM en otros componentes de la acción contra las minas, ya que algunas agencias de remoción de minas agencies desarrollaron actividades de DRM. La mayoría de los centros de acción contra las minas cuentan ahora con una dependencia de DRM. Algunas agencias de DRM desarrollaron métodos para responder a las peticiones de limpieza de minas de las comunidades, a la vez que reforzaron el intercambio de información entre las actividades de DRM y los estudios.
El UNICEF lleva desarrollando normas internacionales (NIAM) para la DRM desde 2001. En 2002, colaboró en su finalización con la Universidad de Cranfield y un Grupo Focal de Usuarios compuesto por agencias y personas reconocidas en el campo de las NIAM. Debe presentarse un borrador final de las normas durante la Quinta Reunión de Estados Parte del Tratado sobre la Prohibición de las Minas.
En la Cuarta Reunión de Estados Parte de septiembre de 2002, se acordó cambiar el nombre del Comité Permanente de Remoción de Minas, Sensibilización sobre el Problema de las Minas y Tecnologías para las Actividades relativas a las Minas por el de Comité Permanente de Remoción de Minas, Divulgación de los Riesgos que implican las Minas y Tecnologías para las Actividades relativas a las Minas. En mayo de 2003, los Estados Parte afectados por las minas informaron sobre los programas de DRM, siguiendo en Enfoque 4P. Al menos 24 países afectados por las minas han mencionado la DRM en sus informes presentados con arreglo al artículo 7, dentro del Formulario I, “medidas adoptadas para advertir de forma inmediata y eficaz a la población”.[36]
El Subgrupo de Trabajo sobre la Divulgación sobre el Riesgo de las Minas del Grupo de Trabajo de Acción contra las Minas de la ICBL continuó siendo una fuente de información sobre asuntos relacionados con la DRM para la ICBL y otros durante 2002 y 2003, con su Copresidente, HIB, haciendo las funciones de coordinador de la investigación temática sobre DRM para el Monitor de Minas Terrestres. El Subgrupo organizó dos reuniones junto con el UNICEF para encargados de la divulgación de los riesgos que implican las minas, el 19 de septiembre de 2002 y 13-14 de marzo de 2003, en Ginebra. El Subgrupo hizo declaraciones en la Cuarta Reunión de Estados Parte de septiembre de 2002, así como en las reuniones entre períodos de sesiones del Comité Permanente en febrero y mayo de 2003. Estas pueden consultarse en la página Web del Subgrupo en www.icbl.org/wg/ERM.
En enero de 2002, el SNUAM contrató a HI para desarrollar la segunda fase del Proyecto de Seguridad sobre Minas (Landmine Safety Project, LSP). El proyecto tiene como objetivo “ofrecer información, materiales y formación en materia de seguridad al personal de la ONU y las ONG para que puedan cumplir sus mandatos de manera segura”. Durante la segunda fase iniciada en agosto de 2002, el LSP impartió formación a 126 personas en Birmania, Irán, Kirguistán, Líbano, Polonia, Sri Lanka, Suiza, Tayikistán y Vietnam, así como en Chechenia y el Sahara Occidental. El SNUAM tenía previsto revisar el proyecto en 2003.
Se registraron evaluaciones de los programas de DRM y los estudios de CAP (conocimientos, actitudes y prácticas) en Albania, Azerbaiyán, Camboya, Laos, Senegal, Tailandia, Uganda, Vietnam y Yemen, así como en Abjazia y Somaliland.[37]
En 2002, HI reforzó su metodología de estudio de CAP para evaluar los efectos de la DRM. El UNICEF revisó su trabajo de DRM en 12 países, pero, a julio de 2003, no se habían publicado los resultados. En Yemen, Rädda Barnen respaldó la evaluación participativa de su trabajo con la Asociación Yemení de Sensibilización sobre las Minas.
El CICR encargó una evaluación externa de sus programas piloto de DRM en Bosnia y Herzegovina, Croacia y la entonces Antigua República de Yugoslavia.[38] La evaluación alabó los programas de DRM por su alto nivel de cobertura y señaló su efectividad en el cambio de los conocimientos, las actitudes y las conductas. Señaló: “Con la misma repercusión, la televisión puede ser 20 veces más baratas que el teatro, o cinco veces más barata que los pósteres o las publicaciones”. Pedía al CICR que desarrollara una capacidad constante de supervisión. El informe señaló “la necesidad de continuar un programa de sensibilización sobre las minas más permanente, pero más limitado, en cada país”, aconsejó al CICR que “se fuere involucrando progresivamente en la LME y la remoción de minas, posiblemente a través de un mecanismo externo a parte”, y recomendó una redefinición del objetivo general de sus actividades de sensibilización sobre las minas para que “generen una capacidad eficiente de información sobre el riesgo de las minas”.[39]
[26] Entre los países cuyo plazo se cumple después en 2009 se encuentran Chad, Ecuador, Guatemala, Jordania, Malawi, Nicaragua, Níger, Swazilandia, Tailandia, Uganda y Venezuela. En 2010 se cumple el plazo para Argentina, Camboya, República Checa, Rwanda, Tayikistán, Túnez, Liberia y Filipinas.
[27] El Norte de Irak ya no presenta sus informes por separado al resto de Irak.
[28] Bangladesh, Informe presentado con arreglo al artículo 7, Formulario C, 29 de abril de 2003.
[29] Filipinas, Informe presentado con arreglo al artículo 7, Formulario C, 14 de mayo de 2003.
[30] Esto incluye a Costa Rica, que se declaró libre de minas en diciembre de 2002.
[31] Entre los países que presentaron información se encuentran: Afganistán, Albania, Bosnia y Herzegovina, Camboya, Chad, RD del Congo, República del Congo, Croacia, Chipre, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jordania, ERY de Macedonia, Malawi, Mozambique, Nicaragua, Níger, Perú, Rwanda, Tayikistán, Tailandia, Túnez y Zambia.
[32] Para una definición más amplia de la divulgación de los riesgos que implican las minas, véase Informe 2002 del Monitor de Minas Terrestres. p.34.
[33] “Guide for the Management of Mine Risk Education”, IMAS 12.10 Draft Version 1.1e, SNUAM, 25 de febrero de 2003. pp.1-2.
[34] Otras agencias internacionales que se ocupan de la divulgación de los riesgos que implican las minas son: la Association for Aid y Relief-Japón (AAR), el BBC/Afghan Education Project, Canadian Physicians for Aid and Relief (CPAR), CAMEO, CARE, Caritas, Catholic Relief Services (CRS), DCA, DDG, HELP, HMD Response, HUMAID, INTERSOS, International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), Islamic Relief Worldwide, Landmine Survivors Network (LSN), Médicos Sin Fronteras (MSF), Mines Awareness Trust, Nonviolence International, NPA, Oxfam, Peace Trees Vietnam, SBF, PNUD, VVAF, World Education, World Learning, World Rehabilitation Fund, World Vision. Entre las empresas privadas internacionales que también imparten programas de DRM se encuentran Humanitarian Force y MineTech.
[35] Afganistán, Albania, Angola, Bosnia y Herzegovina, Camboya, Colombia, Croacia, Ecuador, Etiopía, Guatemala, Guinea-Bissau, Irak, Kirguistán, Líbano, ERY de Macedonia, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Pakistán, Perú, Sri Lanka, Siria, Tayikistán, Tailandia, Sudán, Uganda, Vietnam y Yemen, así como Chechenia, Kosovo y Palestina.
[36] Albania, Bosnia y Herzegovina, Chad, Chile, RD del Congo, Croacia, Yibuti, Ecuador, Guinea-Bissau, Jordania, ERY de Macedonia, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Níger, Perú, Filipinas, Rwanda, Senegal, Tayikistán, Tailandia, Uganda, Yemen y Zimbabwe.
[37] Los estudios de CAP sobre DRM examinan los conocimientos, las actitudes y las prácticas de las comunidades afectadas por las minas con el fin de evaluar sus necesidades y adaptar a éstas los programas de DRM. Para obtener más información, véase www.gichd.ch.
[38] Puede consultarse un resumen del informe de evaluación en www.CICR.org.
[39] CICR, “Bosnia and Herzegovina, Croatia y the Federal Republic of Yugoslavia (FRY)/Kosovo. CICR community-based mine/unexploded ordnance awareness programme”, Ginebra, 4 de noviembre de 2002.